[Ajuste en las pensiones] Las organizaciones se reunieron con Escardó

Tras la movilización de la semana pasada en la puerta de la Agencia Nacional de Discapacidad y de la presentación de recursos administrativos y judiciales, el representante de ANDIS y quien firmó las cartas documento que dejarían sin pensiones no contributivas a más de 40 mil personas en todo el país, Juan Cruz Escardó, aceptó reunirse con el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH.

 

Viernes 3 de mayo de 2019. El Director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad, Juan Cruz Escardó, se reunió con organizaciones del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH. También participó la Fundación Nace un Derecho, que patrocina a un grupo de afectadxs.

Las organizaciones llegamos a la reunión con una demanda concreta: que la Agencia Nacional de Discapacidad suspenda la implementación de las resoluciones 39/19 y 44/19, dictadas en un marco de total irregularidad y que imponen que cada beneficiarix de pensiones no contributivas, presente un Certificado Médico Obligatorio digital para poder seguir percibiendo el beneficio.

“La resolución sólo busca digitalizar y hacer que el Estado sea más eficiente. Eso es una avance en la gestión. Y si hay problemas de acceso a la información y zonas donde no se puede realizar el trámite, es porque esto también tiene que ver con los ejecutivos de las provincias y municipios. No es el Estado Nacional el único responsable para hacer este tipo de certificaciones. Claramente hacerlo en todos los centros de salud de los municipios no es tan simple. ¿No fueron a hablar con las secretarías de salud de los municipios que tienen conflictos?”, preguntó el funcionario que estaba acompañado por Agustín De Marco, representante legal de la ANDIS.

A principio de año, cerca de 40 mil personas fueron notificadas a través de cartas documento para que en un plazo de 60 días, presenten un Certificado Médico Digital: “El no cumplimiento de este trámite es bajo apercibimiento de proceder a la suspensión del pago de la pensión no contributiva”. Es decir, si el trámite no se realiza, la ANDIS dará de baja las pensiones.

Fundación GEP y las organizaciones que integramos el Frente Nacional de personas con VIH manifestamos el repudio a la medida de la ANDIS. Consideramos muy grave que una Dirección Nacional delegue el trabajo de articulación entre las diferentes áreas del Estado nacional y provincial a quienes son lxs beneficiarixs de sus políticas públicas.

“En la reunión confirmamos que el organismo sólo está interesado en la medida como éxito de su gestión. Desde un escritorio dispusieron poner en riesgo el sustento único de 40.000 personas con discapacidad”,  expresó Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.

–Cobrar una pensión es un último recurso. También tendrían que luchar por el trabajo digno. Tener una pensión lxs excluye del trabajo–, recomendó Escardó.

–Si yo le traigo mi currículum, ¿Usted me da trabajo?–, respondió María, que vive con VIH en La Matanza y recibió la carta que la intima a dejar de cobrar el derecho adquirido si no realiza el trámite imposible. María no tiene trabajo. Ni ella ni su cónyuge. Ellxs cobran una pensión de $7280 por presentar disminución en su capacidad laborativa por múltiples  enfermedades y complicaciones en su salud.

“Las personas con VIH que cobran una pensión lo hacen porque el sistema es discapacitante. Hemos logrado seguir vivos con el VIH pero parece que no sobreviviremos a políticas del gobierno de Cambiemos. Dejar sin pensiones a las personas con VIH que son excluidas del ámbito laboral y que se encuentra en situación de vulnerabilidad extrema, es literalmente condenarlas a morir”, dijo José María Di Bello, Presidente de GEP.

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