Ajuste macrista: las pensiones de las personas con VIH están en peligro

40 mil personas fueron intimadas por la Agencia Nacional de Discapacidad. Si no realizan un Certificado Médico Digital urgente, pueden perder sus pensiones. Fundación GEP es parte del Frente Nacional por la salud de las personas con VIH y manifestamos nuestra profunda preocupación. Muchas de las personas afectadas viven con VIH.  

Fundación GEP, junto a las organizaciones del Frente Nacional por la salud de las personas con VIH presentamos una carta ante la  Agencia Nacional de Discapacidad a cargo de Sr. Santiago Ibarzábal para solicitar la abstención de implementar, derogar las resoluciones 39/19 y 44/19 y manifestar nuestro repudio ante la situación que están viviendo las personas con VIH que cobran pensiones no contributivas.

En los últimos días, cerca de 40 mil personas recibieron cartas documento procedentes de la Dirección, donde se las intimaba a iniciar un trámite de Certificado Médico Obligatorio digital en el centro de salud más cercano al domicilio. La carta tiene una condición: “el no cumplimiento de este trámite es bajo apercibimiento de proceder a la suspensión del pago de la pensión no contributiva”. Es decir, si el trámite no se realiza, la ANDIS dará de baja las pensiones.

Fundación GEP manifiesta su más enérgico repudio ante esta situación. Sabemos que el sistema que propone la ANDIS es perverso y está especulando con el desconocimiento y la inaccesibilidad de muchas personas a poder realizar el trámite digital.

“No podemos permitir un atropello de esta magnitud. Están especulando con derechos adquiridos, con la vulnerabilidad de las personas con VIH. Muchxs cobran pensiones porque el sistema no les ofrece otra alternativa; los echan de los trabajos o ni siquiera les permiten acceder. Eso es revictimización de las personas, es volverlxs a exponer a situaciones de vulnerabilidad donde el Estado no ofrece respuestas ni alternativas de calidad”, dijo José María Di Bello, Secretario de Fundación GEP.

Los hospitales de toda la provincia están en crisis: lxs trabajadorxs denuncian cortes de luz, falta de insumos médicos y grupos electrógenos, recortes en las guardias, ajustes en los recursos humanos. ¿Cuántos hospitales y centros de salud hoy tienen internet y acceso a computadoras?

“Quise llamar a la Dirección y nadie supo decirme qué hacer. Me acerqué al centro de salud más cercano a mi casa, y lxs médicxs no sabían qué era lo que tenían que hacer. Decían que no habían recibido ningún instructivo para poder hacer el Certificado. Están especulando con la gente. Así lxs que no podamos completar el trámite nos vamos a quedar sin pensiones. Y para muchxs de nosotrxs, es el único ingreso que tenemos para vivir”, dijo María Sánchez, que vive con VIH en el conurbano y recibió la carta.

Una pensión no contributiva es de $7280, mientras que la Canasta básica alimentaria es de $11.117. Para muchxs la pensión es su único ingreso. Las personas que viven con VIH cobran pensiones porque el sistema en el que vivimos es discapacitante: no conseguimos trabajo o nos echan cuando conocen nuestro estado serológico.

Por eso denunciamos que la ANDIS no hizo público un listado accesible, completo y federal de los centros de salud que realizan el trámite en todo el país ni puso a disposición de lxs beneficiarixs una campaña que facilite el acceso a la información con personal interdisciplinario capacitado.

“La situación de la pobreza es urgente. Sabemos que las cifras son peores que hace un año y todavía son altas comparado a lo que tendríamos que estar. Para eso era importante ampliar la red de protección social”, dijo el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, durante la presentación del informe de gestión 2018 en el Senado.

Pero cuando fue consultado por la situación de las personas que cobran pensiones no contributivas, sólo hizo referencia al proceso de digitalización que se está llevando adelante.

“En nombre de la digitalización y la modernización están poniendo una traba a las personas más vulnerables que viven en nuestro país, que son las que tienen una pensión no contributiva y no tienen otro ingreso además de este. El Estado tendría que ser garante de derechos. Está en juego la vida de las personas y están especulando con los modos de supervivencia de la gente”, dijo Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.

En Argentina la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional (ley 27.044), por lo que la aplicación de sus normas y principios resulta ineludible en todo acto público, como el dispuesto por las resoluciones 39/19 y 44/19.

No poder acceder a un derecho adquirido, como es la pensión no contributiva, por no poder cumplir con una intimación que es imposible de realizar, es inaceptable e implica el desconocimiento de los derechos de las personas: agravan la situación de vulnerabilidad.

 

 

 

 

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