En audiencia con las comisiones de Economía e Industria del Congreso de la Nación Argentina, representantes de los trabajadores organizados de ambas regiones alertaron sobre la amenaza que el acuerdo representa para la salud pública. La preocupación es compartida por numerosos legisladores.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2017- El malestar de las organizaciones de trabajadores del Mercosur y la Unión Europea por el tratado de libre comercio actualmente en discusión entre ambos bloques tiene varios frentes. Uno, por caso, es la salud pública: “Hay capítulos y temas que nos preocupan profundamente: el intento de extensión en la duración de las patentes, que en el caso de los medicamentos es muy grave porque perjudica el acceso de la población a los mismos, es uno de ellos”. Con esta declaración, el asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Carlos Bianco, se sumó a las voces que se expresaron en el mismo sentido en la reunión informativa que titulares de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) mantuvieron en la Cámara de Diputados el pasado martes (ver video).
Ya en el día anterior, en el Encuentro Sindical para el Seguimiento del Acuerdo Birregional Unión Europea-Mercosur, las organizaciones habían reclamado en un comunicado “la exclusión de las cláusulas de extensión de patentes (…) ya que, lejos de fomentar la innovación en nuevos productos, limitan el acceso a medicamentos y perjudican las condiciones de vida de los pueblos”. Entre otros ítems, también se exige que se haga público de inmediato el contenido de las ofertas de acceso a mercados en materia propiedad intelectual.
La Fundación GEP viene trabajando en alertar sobre la inclusión, en las negociaciones de tratados de libre comercio, de mayor protección los derechos de propiedad intelectual (patentes) sobre medicamentos e insumos de salud. “En diciembre de 2016 comenzamos un trabajo conjunto con la CTA para denunciar el impacto negativo que el tratado UE-Mercosur podría tener sobre la salud en la región, e impulsamos la inclusión de estos aspectos en el documento político que fue presentado a los negociadores del tratado” expresó el Secretario de FGEP, José María Di Bello. “El borrador del capítulo de propiedad intelectual -que se negocia en secreto- se filtró hace unos meses atrás y así pudimos conocer la ambiciosa agenda de la Unión Europea. En representación de los intereses de sus empresas farmacéuticas el bloque europeo pretende generar más derechos exclusivos y poder para controlar los mercados (monopolios) de tecnologías médicas en detrimento del derecho humano a la salud, el desarrollo de productos tecnológicos y la producción local de medicamentos genéricos en los países del Mercosur” indicó Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de FGEP y Coordinadora General de la RedLAM.
Tras la publicación del documento, el mismo martes el secretario general de la CCSCS Antonio Jara (UOM) se dirigió a los Diputados con un cuestionamiento en la misma dirección, al preguntar “¿Habrá cláusulas de propiedad intelectual en este tratado? ¿La salud será una mercancía más? Esto no podemos permitirlo”. Minutos antes, el secretario adjunto de la CTA Pedro Wasiejko afirmó que “Debemos rechazar todo tratado que, mediante cláusulas sobre patentes, impida a los países ejercer su derecho de tener políticas sanitarias que prioricen a los ciudadanos sobre las corporaciones”. Luca Visentini, secretario general de la CES, remarcó que la relación entre salud y propiedad intelectual también es prioritaria del lado europeo.
Comprensiblemente, muchas otras áreas forman el núcleo de las preocupaciones de los sindicatos, principalmente el secretismo de las negociaciones y que bajo la excusa de fomentar un acuerdo de cooperación económica y regional se esté montando un tratado de libre comercio que afecte gravemente las condiciones laborales y ceda jurisdicción y soberanía para dirimir litigios. Sin embargo, las declaraciones mencionadas dejan en claro que la salud pública, el acceso a medicamentos y la decisión de poner coto a las ambiciones de las corporaciones son parte vital de la agenda de los trabajadores en el seguimiento del acuerdo birregional.
Como graficara el diputado Axel Kiciloff cuando Marita González (CGT) preguntó qué análisis hacían los legisladores sobre los tratados de libre comercio que protegen a las corporaciones mediante artículos de propiedad intelectual: “El interés de los pueblos y no el de las multinacionales debe ser prioridad. No aceptaremos que se nos imponga un tratado que sólo garantice la protección de los derechos de los inversores”. Al final de la sesión y con el acuerdo de la mayoría de los legisladores, diputados y sindicatos se comprometieron a realizar un monitoreo conjunto y a compartir información sobre el avance del tratado.
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