COVID-19: Con buenas intenciones no se garantizan vacunas y tratamientos para todxs

Las tecnologías sanitarias deberían ser consideradas como bienes públicos globales, no solo las necesarias para hacerle frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) apela a la voluntad y la solidaridad de gobiernos y empresas, pero las grandes farmacéuticas, cu- yos mayores accionistas son fondos de inversión especulativos que dominan el mercado, lo ven como un “sinsentido”.

El viernes 29 de mayo, comenzó a funcionar C-TAP, la plataforma solidaria que recopilará datos, conocimientos y obras de propiedad intelectual sobre productos de salud nuevos y existentes, capaces de atender las necesidades que presenta la actual pandemia por Covid-19, creada con el objetivo de “ofre- cer a toda la humanidad bienes públicos mundiales”. Se trata de una propuesta que Costa Rica le hizo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) al inicio de la pandemia y que hoy cuenta con el apoyo de varios países.

Quienes no parecen adherir a esta iniciativa son las grandes corporaciones farmacéuticas que ya están trabajando en desarrollos de medicamentos y va- cunas: el mismo día de su lanzamiento la calificaron como un “sin sentido”, a través de un artículo publicado por Telegraph. “La propiedad intelectual es una parte fundamental de nuestra industria, si no se la protege, esencialmente no hay incentivos para innovar “, sentenció en esa misma publicación Pascal Soriot, director ejecutivo de AstraZeneca, que se asoció con la Universidad de Oxford para desarrollar y distribuir una posible vacuna contra el Covid-19, para lo cual recibió millones de fondos del gobierno del Reino Unido.

El mismo principio centrado en la cooperación voluntaria de gobiernos y em- presas se reflejó en la resolución de la 73 Asamblea Mundial de la OMS, que se desarrolló la semana previa al lanzamiento de C-TAP. Allí se solicita que los países miembros “colaboren para promover la investigación y el desarrollo con financiación tanto privada como pública, así como la innovación colectiva, en todos los ámbitos pertinentes, sobre las medidas necesarias para contener y poner fin a la pandemia de COVID-19”.

La resolución también hace un llamamiento para que se otorgue prioridad mundial al acceso universal, oportuno y equitativo a las tecnologías sanitarias esenciales para responder a la pandemia y se eliminen “urgentemente” los obstáculos que dificulten su acceso y distribución. En particular, aquellos vinculados a las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y las flexibilidades reconocidas en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública.

Pero si bien la OMS actúa como autoridad directiva y coordinadora en asun- tos de sanidad internacional, sus recomendaciones no son vinculantes, como sí lo son las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC). De ese modo, la solidaridad y cooperación internacional deseables ante situaciones de emergencia como la actual, corren el riesgo de permanecer como buenas intenciones. “La OMC regula los intercambios comerciales entre países y establece reglas globales de propiedad intelectual que hoy regulan el mo- delo de investigación y desarrollo tecnológico, lo que en términos de salud ha permitido la concentración de monopolios que limitan el acceso a tecnologías y servicios sanitarios, en gran parte de la población mundial”, explicó Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.

Desde la conformación de la OMC se ha generado un nuevo marco: lleva 25 años poniendo reglas de propiedad intelectual que benefician a las corporaciones farmacéuticas, restringen las políticas de salud que puedan adoptar los países (avanzando, incluso, sobre derechos humanos) y frenó el desarrollo industrial en los países menos desarrollados. “La definición de las necesidades en salud quedó de- legada en el mercado, que desarrolla lo que es rentable y no lo que es prioritario”, subrayó Di Giano, que es abogada especializada en propiedad intelectual.

El tratado sobre los ADPIC también incluye herramientas jurídicas cono- cidas como salvaguardas, a las que los países pueden recurrir para evitar abusos y monopolios, especialmente en situaciones como la actual. Estas pueden ser oposiciones a las patentes (que se utilizan cuando las solicitudes presentadas en algún país no cumplen con los criterios establecidos por las leyes locales para recibir dicho título de propiedad) o licencias, ya sea obligatorias o de uso no gubernamental, que nada tienen que ver con las licencias voluntarias que promueve la OMS.

Como su nombre lo indica, las licencias de uso público no comercial sirven a los gobiernos para usar el objeto patentado sin fines de lucro o con destinos no comerciales, como la investigación pública. Las licencias obligatorias, en cambio, son autorizaciones emitidas por una autoridad pública para permitir la importación, fabricación y comercialización por terceros de los productos patentados. Así mismo, concede a los gobiernos la posibilidad de fabricar, importar o adquirir localmente elementos de diagnóstico, vacunas o medicinas patentadas, en especial cuando se trata de productos que no tienen sustitutos.

“Un sistema voluntario solo tiende a sostener el estatus quo. Si es así, cuando esto termine, las empresas tendrán el poder de volver a las mismas prácticas de antes”, se preocupa Di Giano y advierte que la pandemia “nos da una oportunidad para cambiar el sistema de tecnología médica, que hoy está fracasado: no está dando tecnologías nuevas, sino muchas patentes sobre los mismos productos que ya existen, aún aquellos que están en dominio público”.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con la combinación de los antirretrovirales lopinavir/ritonavir, que hoy se está usando para tratar el Covid-19. En Argentina, esta se encuentra en dominio público -gracias a acciones de la industria local y la sociedad civil, en las que Fundación GEP tuvo un rol esencial-, pero eso no es así en todas partes. Abbot, el laboratorio que originalmente lo desarrolló, obtuvo la primera patente sobre este medicamento a fines de la década del 80. Desde entonces, siguió presentando nuevas solicitudes de patentes sobre distintos aspectos del mismo pro- ducto y todavía hoy tiene patentes vigentes, que extienden su monopolio hasta el año 2030.

“Para evitar este tipo de situaciones que impiden el acceso a la salud de gran parte de la población mundial, es necesario modificar las regulaciones de propiedad intelectual sobre las que se erige el modelo de I+D, que durante las últimas décadas han demostrado que no promueve las innovaciones sino que potencia la especulación, los negocios y la conformación de monopolios”, propuso José María Di Bello, Presidente de Fundación GEP.

En esta línea de pensamiento se expresó, en la asamblea general de la OMS, The South Center, una organización intergubernamental para los países en desarrollo. Específicamente, propuso que todas las drogas, herramientas de diagnóstico, vacunas y productos de salud, existentes o futuros, relacionados con el Covid-19, sean considerados como bienes públicos globales. “Un nuevo modelo tiene que ser designado bajo el auspicio de la OMS e implementado a través de mecanismos que ya están provistos para eso, en el Plan de acción y estrategia global sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual”, se lee en el documento.

Hace años que lxs epidemiólogxs adviertían sobre el riesgo de que se desatara una pandemia como la actual pero el mundo lxs desoyó. Asimismo, expertxs mundiales están advirtiendo hace años sobre la violación a los derechos humanos, las limitaciones a la soberanía de los países y las muertes globalizadas que está provocando el sistema de propiedad intelectual impuesto por la OMC y ampliado a través de los tratados de libre comercio e inversión. Y tampoco son escuchadxs.

Ya en el año 2012, y luego de más de una década de reclamos, la Comisión Global del VIH y la Ley, que en su capítulo 6 reconoce que la donación de medicamentos no ofrece soluciones sostenibles y deja el problema subyacente sin resolver, por ejemplo recomienda: “los Estados Miembros de la OMC deben suspender urgentemente los ADPIC que se relacionan con productos farmacéu- ticos esenciales para los países de ingresos bajos y medios”. Así lo entendió también en el año 2015, el Panel de Alto Nivel de la OMS, sobre Acceso a Me- dicamentos e Innovación, que consideró este documento como base para el debate (en el que Lorena Di Giano participó como miembro del Grupo de Expertos que asesoró al Panel) y sus recomendaciones posteriores.

“Desde Fundación GEP coincidimos y sostenemos que es necesario eliminar las tecnologías médicas del acuerdo de los ADPIC, es la única forma de lograr que estos bienes queden al margen de la lógica del mercado y vuelvan a estar disponibles para responder a sus objetivos iniciales de desarrollo, que son preservar la salud y la vida de todas las personas”, subrayó Di Giano y sugirió tener en cuenta el artículo 19 de la carta constitutiva de la OMS, que establece que ese organismo tendrá autoridad para adoptar convenciones o acuerdos respecto a todo asunto que esté dentro de su competencia y reto- mar las iniciativas del Grupo Consultivo de Expertos de la OMS que figuran en las recomendaciones de la Comisión Global del VIH y la ley, entre las cuales se incluyen fondos para premiar la innovación, un tratado internacional vinculante y medicamentos de acceso libre.

La pandemia del Covid-19 es una prueba más de que el multilateralismo está en crisis. Urge hacer esfuerzos para el restablecimiento del sistema de gober- nanza global de las Naciones Unidas. De otro modo, la salud de millones de personas seguirá desatendida, ya que “el único incentivo real de las corporaciones farmacéuticas es el de los fondos de inversión especulativos que buscan la máxima rentabilidad, y a los que solo les interesa salvar las vidas de quienes habitan en los países que pueden pagar los precios monopólicos y extorsivos que imponen a sus desarrollos e invenciones”, reclamó Di Bello y concluyó: “ninguna buena intención voluntarista y global dará resultados ni permitirá que la población mundial acceda a los tratamientos y vacunas para el COVID 19. Lo único que garantizará el acceso a la salud para toda la población es que los medicamentos y todas las tecnologías médicas dejen de ser consideradas como mercancías y sean lo que realmente son: un bien público. Es responsabilidad de los Estados, garantizar e invertir en innovación y desarrollo, para que el valor y la motivación sea la salud colectiva”.

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