Documento: “Consenso Argentino 90-90-90 y 90”

El Ministerio de Salud de la Nación en concordancia con la Sociedad Civil con trabajo en VIH/Sida y representantes de las comunidades afectadas clave (gays y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadoras/es sexuales, personas en situación de prostitución, personas trans, usuarios de drogas, personas privadas de libertad, mujeres, niñas y personas que viven con VIH/sida), las Sociedades Científicas involucradas (SAISIDA y SADI) y Agencias de Naciones Unidas (ONUSIDA, OPS), consensúan la modalidad de aceptación de la Estrategia 90-90-90 según las siguientes consideraciones:

Entendiendo que:

  1. El Ministerio de Salud de la Nación promueve el diagnóstico y tratamiento oportunos de las personas con VIH, remarcando el carácter sostenido de la respuesta a la epidemia en nuestro país, uno de los primeros a nivel mundial en la provisión gratuita de atención integral y de tratamientos antirretrovirales a todas las personas que lo necesiten.
  2. Garantizar el acceso universal al diagnóstico y tratamiento ha sido y es una política de Estado, fruto del trabajo mancomunado de una gran cantidad de actores gubernamentales y de la sociedad civil.
  3. La prevención, el diagnóstico y el tratamiento de toda enfermedad son estrategias que el Estado debe garantizar y la sociedad defender, a la vez que los insumos necesarios para llevar a delante estas acciones son bienes sociales que no deben ser librados a las leyes del mercado.
  4. Los actores de la Sociedad Civil son socios indispensables para la concreción de las Políticas públicas y se debe trabajar para la sustentabilidad de sus acciones.
  5. La adherencia al tratamiento implica no sólo aspectos biomédicos (esquemas con múltiples dosis, efectos adversos, etc.) sino también sociales, culturales y psicológicos.
  6. El acceso oportuno a la prueba, atención y tratamiento en un ambiente libre de coerción, estigma y discriminación son derechos fundamentales de las personas con VIH.
  7. Se deben implementar en una mayor escala las acciones de prevención primaria, a fin de lograr una reducción sostenida y drástica en el número de nuevas infecciones.
  8. La evidencia científica demuestra los beneficios individuales y colectivos del diagnóstico temprano y del inicio oportuno del tratamiento antirretroviral.
  9. La oferta de tratamiento oportuno tiene como objetivo fundamental el beneficio primario de la persona infectada.
  10. El diagnóstico temprano favorece la vinculación exitosa de las personas con VIH a los servicios de salud.
  11. El acceso oportuno y sin interrupción al tratamiento antirretroviral es un derecho de las personas, y la terapéutica eficaz permite convertir a la infección por VIH en crónica.
  12. Es importante acompañar las pruebas de VIH con la adecuada asesoría, siguiendo los lineamientos establecidos por la OMS, y con énfasis en las metodologías de abordaje de pares en este tipo de intervenciones.
  13. Aún, a pesar de los avances en el uso eficiente de los antirretrovirales, persisten retos en la simplificación de los esquemas de tratamiento y en el seguimiento/monitoreo efectivo de los pacientes.
  14. Nuestro país, como muchos otros de la región, es víctima de conductas extorsivas por parte de los proveedores de preservativos, medicamentos antirretrovirales, reactivos e insumos de laboratorio que presentan precios abusivos, lo cual podría poner en riesgo la expansión y sostenibilidad de la respuesta.

Los actores mencionados se comprometen a:

  1. Trabajar en conjunto para que el Estado continúe garantizando que todos los compromisos asumidos para el cumplimiento del continuo de atención de la infección por VIH se basen en la voluntariedad, información, respeto y garantía de los derechos humanos y perspectiva de género.
  2. Aunar esfuerzos para garantizar el derecho de las personas al acceso oportuno y voluntario a: la obtención de preservativos, la prueba del VIH, atención y tratamiento en un ambiente libre de coerción, estigma y discriminación, en el marco de la ética profesional y de los derechos humanos.
  3. Involucrar activamente a la sociedad civil, las poblaciones clave y las personas con VIH en la elaboración de los planes estratégicos nacionales, en la conformación de una mesa de trabajo intersectorial representativa y como socios indispensables para mejorar cada uno de los pilares del proceso de atención y cuidado de la infección por VIH, buscando mecanismos que faciliten la sostenibilidad de las acciones.
  4. Apoyar el trabajo conjunto para garantizar la vinculación pronta y efectiva de las personas con VIH a los servicios de salud y apoyo social.
  5. Impulsar que los subsistemas de salud adapten los modelos de atención, trabajando de manera integral y en red, tomando en cuenta que el acceso oportuno y sin interrupción al tratamiento antirretroviral convierte la infección por el VIH en crónica.
  6. Continuar promoviendo que los procesos de atención y seguimiento sean más amigables, accesibles y flexibles para mejorar la vinculación sostenida  de los pacientes al sistema de salud, la adherencia a los tratamientos y la supresión viral.

Para poder dar viabilidad a todos estos puntos y lograr alcanzar las demás metas, en el marco de una política que promueve la soberanía nacional; consideramos necesario plantear en la estrategia 90-90-90 una cuarta meta, que permita garantizar el acceso y la disponibilidad de los tratamientos antirretrovirales, insumos de diagnóstico y de prevención, a toda la población. Por medio de este cuarto componente, nos comprometemos a:

  1.   Trabajar para garantizar los procesos coordinados de negociaciones de precios de medicamentos antirretrovirales, reactivos e insumos de laboratorio, teniendo en cuenta las herramientas de negociación de precios y de adquisición de insumos. Para eso, es indispensable desarrollar y utilizar todos los mecanismos nacionales, regionales o globales legítimos existentes.
  2.   Promover y defender las salvaguardas de salud establecidas en el Acuerdo sobre ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) para proteger la salud pública, a través de la emisión de licencias obligatorias para favorecer la competencia en el mercado, la entrada de medicamentos genéricos de calidad, la producción pública y toda otra medida que aseguren la asequibilidad de los precios.
  3.   Denunciar e impedir aquellos intereses corporativos que no conciban a la salud como un derecho fundamental de toda la población, convirtiéndola en mercancía a través de la especulación y las ganancias extraordinarias.
  4. Trabajar en forma conjunta para superar integralmente todas las barreras estructurales y simbólicas que impidan el acceso universal a la atención, cuidado y prevención del VIH, incluyendo las modificaciones legislativas necesarias para permitir el acceso equitativo de toda la población.

 

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Autoridades del Ministerio de Salud, Organismos Internacionales y Representantes de la Sociedad Civil reunidos en el Ministerio de Salud – Buenos Aires, septiembre 2015

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Autoridades del Ministerio de Salud, Organismos Internacionales y Representantes de la Sociedad Civil reunidos en el Ministerio de Salud – Buenos Aires,septiembre 2015

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