Se trata de dos solicitudes de patente que la empresa AbbVie pretendía sobre la combinación de nombre comercial Kaletra®. La Fundación GEP aportó argumentos y pruebas fundamentales para la decisión. La posibilidad de adquirir genéricos y un mayor acceso a tratamientos, más cerca.

Buenos Aires, 7 de Junio de 2017 – El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) ha resuelto un nuevo caso de abuso de compañías multinacionales farmacéuticas a favor del derecho a la salud. En decisiones tomadas entre junio de 2016 y febrero de 2017 pero recientemente publicadas, la oficina de patentes argentina rechazó dos solicitudes de patente de la compañía AbbVie sobre la combinación Lopinavir/Ritonavir (conocida con el nombre comercial Kaletra®), medicamento esencial para tratar la infección por VIH/SIDA. La Fundación GEP participó del expediente en 2015 a través de una oposición a la patente, aportando argumentos decisivos que prueban que las solicitudes incumplían los requisitos básicos de novedad y actividad inventiva que establece la Ley Argentina de Patentes y que sólo buscaban extender ilegítimamente el monopolio de AbbVie sobre el medicamento hasta 2025.

La adquisición de Kaletra® tiene un alto impacto en el presupuesto público destinado a medicamentos para VIH: en la última compra con fecha del 5 de agosto de 2016 el Ministerio de Salud invirtió $150.320.856 en este medicamento. Argentina paga el precio más alto por Kaletra® de toda Latinoamérica, aproximadamente $23.300 por persona/por año, aunque la compra de versiones genéricas le permitiría abonar sólo $3900 por persona por año de acuerdo a la publicación “Untangling the web” de la organización Médicos Sin Fronteras. Esto significa que la decisión del INPI puede permitir al Ministerio de Salud pagar seis veces menos por el mismo medicamento de adquirir la versión genérica al expirar los actuales derechos exclusivos. Actualmente, 2580 beneficiarios del programa público de entrega gratuita de medicamentos utilizan Kaletra® como parte de su tratamiento.

El rechazo de solicitudes de patentes reiteradas sobre un mismo principio activo es de fundamental importancia para garantizar el acceso universal a los medicamentos. En este caso se trata de medicamentos que ya cuentan con patentes vigentes por 20 años, pero que la compañía farmacéutica AbbVie (ex ABBOTT) pretendía extender por 8 años más. Este rechazo permitirá la fabricación, comercialización o importación de versiones genéricas más asequibles. Cabe destacar que laboratorios nacionales también presentaron oposición a estas solicitudes, lo que indica que existe interés de productores argentinos de fabricar” señaló Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.

Los examinadores del INPI consideraron en su argumentación que las solicitudes “carecen de novedad y actividad inventiva”, además de lesionar los artículos 4b, 20 y 22 de la ley de patentes. En el caso de la solicitud divisional sobre Kaletra, dependiente de la solicitud principal, consideraron también que “El producto reivindicado en la presente es similar al reivindicado en la solicitud madre”. Son estas apreciaciones las que desnudan que AbbVie pretendía hacer pasar por invención un conocimiento obvio y ya difundido, artilugio legal conocido como “evergreening” que busca la extensión ilegítima de las patentes y los monopolios que éstas otorgan.

Al igual que en el reciente desestimiento a la solicitud de patente sobre Truvada, otro medicamento vital para tratar el VIH/SIDA, los evaluadores se apoyaron en las guías de patentabilidad vigentes, consideradas ejemplo de defensa de la salud pública a nivel mundial por sus criterios estrictos y cuestionadas judicialmente por las multinacionales farmacéuticas. De esta manera impidieron el engaño que permite a las compañías farmacéuticas multinacionales cobrar altísimos precios por los medicamentos, afectando el acceso de la población a los mismos y comprometiendo los presupuestos públicos de salud.

La Fundación GEP celebra una decisión que prioriza la salud de la población sobre la avaricia de las multinacionales farmacéuticas. Esperamos que más decisiones como ésta vengan en camino ya que los medicamentos no son una mercancía, sino un bien social que garantiza el derecho humano a la salud.