Desde Fundación GEP manifestamos nuestro profundo rechazo y alertamos a la población sobre la medida anunciada hoy por el Presidente argentino, Mauricio Macri, que elimina el Ministerio de Salud de la Nación.

Desarticular el Ministerio de Salud es una decisión criminal que pone en riesgo la vida de millones de personas en Argentina. Esta medida bloqueará el acceso a los medicamentos, tratamientos, insumos y atención sanitaria en manifiesta violación del Derecho Humano a la Salud.  

Tras el anuncio presidencial, tomamos conocimiento de la renuncia del Titular a cargo de la Dirección Nacional de SIDA y ETS, Sergio Maulen, quien dejó su cargo debido a la reducción del presupuesto para medicamentos y a la falta de garantías para asegurar la continuidad de los tratamientos de las personas con VIH y Hepatitis Virales.   

El acuerdo que el Gobierno Argentino firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI)  provocó la adopción de estas medidas extremas, que ponen en riesgo la vida de los argentinos. El genocidio que producirá la eliminación del Ministerio de Salud de la Nación SE se realiza con complicidad del FMI.

Sólo en dos oportunidades de la historia de Argentina ha sido eliminado este Ministerio: durante dictaduras militares ocurridas entre 1955-1958 y entre 1966-1970.

«Esta no es la primera vez que el gobierno de Mauricio Macri atenta contra nuestra Salud. En varias oportunidades hemos tenido que salir a la calle en reclamo de nuestros derechos, ya que el gobierno decidió interrumpir la provisión de antirretrovirales de distribución gratuita para hospitales y centros de atención” , señaló Pablo García, Presidente de Fundación GEP.  

“Es realmente inaceptable que conquistas logradas por la comunidad a lo largo de la historia, como es la creación de una institución de gobierno para asegurar la Salud Pública en un país democrático, puedan ser desmanteladas sin importar dejar de lado a las personas cuya vida depende de políticas activas de protección. Ello de la mano de instituciones internacionales que sólo persiguen intereses económicos y corporativos abusivos”, expresó Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.

Solicitamos al gobierno nacional que revierta esta arbitraria decisión y convocamos la solidaridad de la comunidad nacional e internacional apoyar este pedido.

Sin soberanía sanitaria y sin políticas públicas nacionales de Salud es imposible el ejercicio de los Derechos Humanos más fundamentales.