El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) denegó la solicitud de patente AR085118A2 que la multinacional Gilead pretendía obtener sobre el sofosbuvir, un medicamento que cura la Hepatitis C cuando se usa combinado con otras drogas antivirales de acción directa. Fundación GEP había presentado una oposición (la tercera sobre esa droga), ya que los compuestos reivindicados por la empresa son prodrogas, que han sido obtenidas aplicando estrategias conocidas en el estado de la técnica.

Con este rechazo, el INPI garantiza la posibilidad de que el medicamento pueda ser producido localmente o adquirido en versiones genéricas asequibles en el mercado internacional. De ese modo, no solo se logra facilitar el acceso a los tratamientos de las personas que lo necesiten, también permite obtener ahorros importantes en las compras públicas del Estado, tal como ha ocurrido cuando se rechazó otra de las solicitudes sobre este medicamento, que generó una caída en el precio de cada unidad de un 1000% en cinco años, ya que su precio pasó de 104,39 dólares en 2015 a 10,54 dólares en 2021. 

Fundación GEP ya había presentado oposiciones frente a otras dos solicitudes de patentes de Gilead en Argentina que bloqueaban la producción local de sofosbuvir. La primera fue en 2015, sobre el compuesto principal y la segunda en 2017, sobre la prodroga. Al igual que ahora, en ambas oportunidades, los argumentos acompañados por Fundación GEP colaboraron con el examen de la solicitud que debe realizar el INPI de Argentina, que finalmente rechazó las solicitudes. 

“Los rechazos a las solicitudes de patente de Gilead en Argentina han permitido la producción de este medicamento por parte de al menos 4 compañías farmacéuticas locales, lo que habilita la competencia de precios y ahorros en las compras públicas. El rechazo de esta nueva solicitud de patentes garantiza la continuidad de la producción local. Porque las patentes otorgan derechos exclusivos a sus titulares de excluir a las empresas argentinas de producir, es muy importante este logro”, enfatiza Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP. 

“Gracias a esos rechazos, la industria farmacéutica local tiene libertad y seguridad jurídica para fabricar sofosbuvir, y el Estado argentino puede comprar versiones genéricas mucho más asequibles”, subraya José María Di Bello, Presidente de Fundación GEP, y destaca que, tal como se detalla en el último informe del Observatorio de Compras Públicas de Medicamentos, que todos los años elabora GEP, la diferencia entre lo que efectivamente se pagó en cada compra de Sofosbuvir y aquello que se hubiese desembolsado con el precio de situación de exclusividad que podría haber generado una patente, equivale a un ahorro que ronda los 30 millones de dólares para el Ministerio de Salud de la Nación.

“Al sofosbuvir se lo conocía como la pastilla de los mil dólares, porque ese era el precio con el que lo comercializaba Gilead en Estados Unidos”, recuerda Di Bello y especifica: “En Argentina, luego de los rechazos de las patentes, el precio de cada pastilla disminuyó un mil por ciento”.

“La solicitud que había presentado Gilead y que fue denegada, no cumple con los artículos 4 y 20 de la Ley 24.481, de patentes de invención y modelos de utilidad”, afirma Di Giano, y explica que los compuestos y composiciones que Gilead intentaba patentar carecían de los requisitos de novedad, actividad inventiva y suficiencia descriptiva, de acuerdo al arte previo; y su aplicación para tratar infecciones virales según la legislación vigente no es patentable, ya que se asimila a un método de tratamiento. 

 Con este tipo de acciones, Fundación GEP continúa trabajando para evitar abusos por parte de las farmacéuticas multinacionales y facilitar el acceso a la salud de toda la población. Las empresas farmacéuticas multinacionales no están interesadas ​​en salvar vidas sino en procurar el lucro. Por eso decimos: los medicamentos no son mercancías, son bienes sociales que salvan vidas y deberían ser accesibles para toda la población.