Argentina apoyó la propuesta de India y Sudáfrica ante el Consejo de los ADPIC en la OMC de suspender la implementación, aplicación y cumplimiento de determinadas obligaciones -incluyendo temas de patentes, derechos de autor, diseños industriales y protección de la información para el tratamiento, prevención y contención- que tengan relación con COVID-19. 

Argentina fue uno de los pocos países de América Latina que apoyaron la propuesta de India y Sudáfrica ante el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que monitorea el cumplimiento de ese acuerdo ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), desarrollado entre el 15 y 16 de octubre. Ambos países tomaron el liderazgo para impulsar la iniciativa de suspender durante la pandemia la implementación, aplicación y cumplimiento de determinadas obligaciones, incluyendo temas de patentes, derechos de autor, diseños industriales y protección de la información no divulgada para el tratamiento, prevención y contención, que tengan relación con COVID-19. 

“Celebramos la decisión de nuestros representantes de apoyar a India y Sudáfrica. Para apoyar esta iniciativa enviamos cartas a las autoridades públicas de alto nivel, incluyendo al Presidente Alberto Fernández, solicitándole que Argentina apoye la propuesta liderada por India y Sudáfrica en beneficio de todos los pueblos del mundo. Los medicamentos no deben ser tratados como mercancías, como ocurre en el ámbito de la OMC, ya que son bienes comunes de los cuales depende la vida de las personas”, subrayó José María Di Bello, Presidente de Fundación GEP.

Junto a Argentina, apoyaron esta propuesta Bangladesh, Chad (en representación de los miembros de los países con menores ingresos), Egipto, Honduras, Indonesia, Islas Mauricio, Mali, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Pakistán, Sri Lanka, Tanzania (en representación del Grupo Africano), Túnez y Venezuela. Por el contrario, Australia, Estados Unidos, Inglaterra (al que se sumó Brasil), Japón, Noruega, Suiza y la Unión Europea, se opusieron a la iniciativa. Mientras que Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Jamaica, Nigeria, Senegal, Tailandia y Turquía solicitaron más tiempo e información para ser consultados. 

Una de las principales preocupaciones ante la COVID-19 es contar con medicamentos, vacunas y otros insumos médicos que permitan atender y respetar el derecho a la salud en todos los países afectados. Una de las trabas en el acceso a estas tecnologías son los derechos exclusivos que otorgan las patentes y otros derechos de propiedad intelectual que generan monopolios a favor de las grandes farmacéuticas y ponen en riego la salud de la población. “Según nuestros registros, hemos detectado al menos 188 patentes asociadas a vacunas antisars y antimers con una respuesta inmune demostrada”, advirtió Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundacion GEP.

Además, aún antes de contar con alguna vacuna aprobada para su uso masivo en personas, muchos de los denominados países desarrollados ya han tomado medidas para reservarse las dosis necesarias para inmunizar a sus ciudadanxs. De hecho, se estima que las naciones ricas -con sólo el 13% de la población mundial- ya bloquean la mitad del suministro potencial de vacunas en el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, ha invertido alrededor de 10.000 millones de dólares para asegurarse millones de dosis de las posibles vacunas de Pfizer y Moderna. China destinó fondos multimillonarios al desarrollo y producción de varias vacunas; Alemania invirtió 300 millones de euros en la compañía CureVac, de Tubinga; Gran Bretaña se aseguró millones de dosis de la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford junto con AstraZeneca y la Unión Europea en conjunto prevé destinar una parte importante de los 2.700 millones de euros que conforman el Instrumento de Apoyo a la Emergencia, sumado a un apoyo adicional mediante préstamos del Banco Europeo de Inversiones, para concertar acuerdos con los distintos productores de vacunas para los países miembros.

“Por eso es tan importante suspender las patentes sobre las vacunas, para evitar monopolios y que los países con capacidad de producirlas puedan hacerlo y multiplicar la disponibilidad de dosis, para llegar a más personas en todos los países que las necesiten”, agregó Di Bello.

Argentina en busca de la vacuna

Argentina está trabajando en sus desarrollos propios, pero estos todavía son incipientes, ya que se encuentran en etapas de estudio en laboratorio o con animales. Uno de ellos es una de las 151 candidatas consideradas por OPS/OMS, a cargo de investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Conicet, para la cual obtuvieron un financiamiento de 100 mil dólares otorgado por la Unidad Coronavirus del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT) de la nación. Los otros corresponden a dos líneas de investigación que están llevando a cabo investigadores del Conicet, una desde la Universidad Nacional del Litoral, junto con las empresas Cellargen Biotech SRL y Biotecnofe SA y la otra desde el Centro de Investigación y Desarrollo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas (Cidie) de la Universidad Católica de Córdoba.

Lograr que alguno de estos desarrollos llegue al mercado puede tomar varios años. Por eso, en paralelo, el gobierno argentino también está delineando distintas estrategias para poder acceder a las vacunas para el COVID-19, cuando estas por fin sean aprobadas. Al respecto, el Ministro de Salud, Ginéz González García, planteó ante los medios la necesidad de establecer una coalición productiva, ya que una sola compañía no podrá hacer frente al desafío. 

En este sentido, en agosto se estableció un acuerdo de fabricación de la vacuna que AstraZeneca está desarrollando junto con la Universidad de Oxford, algo que hará a través del trabajo conjunto entre al laboratorio argentino mAbxience (que fabricará la sustancia activa de la potencial vacuna) y el mexicano Liomont (que completará el proceso de acabado y empaquetado), con el apoyo de la Fundación Slim, destinadas a abastecer el mercado latinoamericano, excepto Brasil. En paralelo, las autoridades de Tierra del Fuego tienen intención de  participar del programa de desarrollo y distribución de la vacuna que se está desarrollando en Rusia, a través de la colaboración del Laboratorio del Fin del Mundo.

Por otro lado, el país ha establecido un convenio con Pfizer, que desde agosto está realizando pruebas clínicas de su vacuna, en un estudio que involucrará a 4500 personas en total. Esto no le garantiza prioridad en el acceso pero podría facilitarlo. Asimismo, ANMAT también aprobó la realización de ensayos clínicos de fase III de la vacuna desarrollada por el laboratorio Sinopharm Group, de China, para lo cual se asoció a nivel local con el Laboratorio Elea Phoenix, que entre sus accionistas incluye a Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud (del que también es parte mAbxience). Por su parte, la farmacéutica Janssen, de Johnson & Johnson, espera la aprobación de ANMAT para iniciar estudios clínicos en el país. 

Ninguno de estos acuerdos de negocios dejan en suspenso los derechos de propiedad intelectual que otorgan las patentes ni las consideran como bienes comunes. De hecho, desde que comenzó la pandemia no hubo ningún anuncio de indique que estas vacunas no se patentarán, excepto las declaraciones que hizo el presidente de China, Xi Jinping en la última Asamblea Mundial de la Salud, según las cuales si este desarrollo se produce en ese país será considerado un bien público.

En su discurso durante la 73ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS desarrollada en mayo, González García también había pedido que se garantizara que todos los Estados tengan acceso a los resultados de investigaciones, vacunas y productos médicos «a través de licencias gratuitas o suficientemente accesibles para todas las sociedades del mundo«, pero a principios de octubre, Argentina ya estaba inscripta en el denominado Covax, una iniciativa impulsada por la Alianza de Vacunas (GAVI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Coalición de Innovación y Preparación contra Epidemias (CEPI), que busca “garantizar un acceso global equitativo” a las vacunas a través de la entrega de 2.000 millones de dosis hasta fines del 2021, mediante donaciones de países con mayores ingresos a otros de ingresos bajos. 

Casi en simultaneo, los diputados de la Comisión de Salud aprobaron por unanimidad el dictamen de un proyecto de ley, que luego obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y que se espera sea debatido en la Cámara de Senadores, mediante el cual cede soberanía y otorga indemnidad patrimonial a las empresas multinacionales, con la intención de otorgar herramientas jurídicas que faciliten las compras públicas de estos insumos. Esta medida responde a “los requisitos que la industria farmacéuticas impone”, según reconoció durante el debate el diputado Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud y Acción Social de Diputados e impulsor de este proyecto, que establece una “prórroga de jurisdicción a favor de Tribunales Arbitrales y Judiciales con sede en el extranjero” e otorga indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones. Es decir, que exime de responsabilidad a las compañías farmacéuticas y permite que los posibles juicios vinculados con contratos impulsados en el marco de la pandemia para la adquisición de vacunas para la COVID-19 se realicen bajo leyes extranjeras.

“Las compañías farmacéuticas se han convertido en empresas financieras y la actual pandemia ha permitido demostrar, una vez más, que la especulación detrás de los medicamentos y la Salud de las personas no tiene límites. Por eso, hace tiempo que sostenemos que las tecnologías médicas deberían ser excluidas del acuerdo de los ADPIC y de la OMC, tal como lo sugirió hace ya casi una década la “Comisión Global del sida y la ley”, subrayó Di Giano. “Los medicamentos no son mercancías. Como dijo el activista colombiano Luis Guillermo Restrepo: algún día recordaremos a las patentes como hoy recordamos a la esclavitud”, concluyó.