Por cuarta vez en los últimos seis años, las organizaciones de la sociedad civil volvieron a presentar el proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS en el Congreso. Esta vez, el texto fue presentado por la diputada Carolina Gaillard, con el apoyo de casi 60 diputadxs y más de 180 organizaciones, sindicatos y redes de personas que viven con el virus.


 Este 29 de marzo, Fundación GEP, junto a las distintas organizaciones de la sociedad civil que conforman el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y Hepatitis Virales, participaron en la presentación de un proyecto de ley que actualiza la legislación actual, incorporando aspectos sociales que afectan a las personas que viven con el virus y en particular a las consideradas poblaciones vulnerables, que hoy quedan desatendidas y muchas veces hasta excluidas del sistema sanitario.

«Necesitamos que esta ley también de impulso a políticas activas de testeo, para que los tratamientos lleguen a tiempo, y correr todas las barreras para que el tratamiento pueda tener la adherencia correspondiente», afirmó Carolina Gaillard, Diputada Nacional Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

El primer proyecto que buscaba actualizar la ley actual fue presentado en el año 2016, por el diputado Jorge Barreto, del Frente Para la Victoria (FPV). Tras perder estado parlamentario volvió a ser presentado en 2018 por la por entonces diputada Fernanda Raverta, del Partido Justicialista (PJ) pero el proyecto tampoco logró ser tratado. 

En 2020, nuevamente se presentó otro proyecto de ley que, en febrero de este año, también perdió estado parlamentario, y es el mismo que se volvió a presentarse este martes en la Cámara de Diputadxs. El texto es el resultado de un trabajo colectivo y la participación activa de referentes de las organizaciones y redes de personas con VIH y Hepatitis Virales, de las organizaciones académicas y científicas, ONUSIDA, OPS y el Ministerio de Salud de la Nación y contó con la revisión del INADI y el ANSES.

«Deberíamos haber sacado esta ley en febrero, si hubiera habido sesiones extraordinarias. Nuestro compromiso es que en abril este proyecto sea ley. No vamos a dejar pasar más meses, porque esos meses son vidas», subrayó el diputado Daniel Gollán (FdT), que es médico sanitaristas, y recordó que este proyecto tiene una visión integral e interdisciplinaria, distinta a la de la ley actual, que es “muy sesgada a la cuestión médica”.

«Lxs cuatro diputadxs del Frente de Izquierda Unidad (FITU) firmamos el proyecto. Queremos que esta ley salga. Me pareció muy importante y necesario poner en cifras el paso del tiempo. Es durísimo escucharlo, pero es la manera más gráfica de mostrar que los proyectos pierden estado parlamentario por decisiones políticas», advirtió la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda Unidad. 

El cambio de perspectiva es la principal particularidad de este proyecto de ley, puesto que la legislación vigente, la ley de Sida 23.798, fue sancionada en el año 1990 y tiene un enfoque biomédico. El texto actual, en cambio, tiene un enfoque de géneros y de derechos humanos que busca poner el foco en los determinantes sociales de la salud y la eliminación del estigma y la discriminación.

«El obstáculo más grande sigue siendo la cuestión de los derechos y las desigualdades, solo si las resolvemos podemos avizorar el fin de la epidemia del VIH. Y esta ley tiene todas las condiciones en base a la evidencia científica para detener esta epidemia y un componente muy fuerte de los determinantes sociales», afirmó Alberto Stella, director de país de ONUSIDA y destacó que esta ley puede ser modelo en derechos humanos para la región y el mundo.

Por su parte, Greta Pena, Subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, celebró la perspectiva de géneros y disidencias sexuales que contempla este proyecto, así como “la perspectiva de género tradicional hacia las mujeres mujeres, ante el incremento de mujeres que viven con VIH, especialmente las vulneradas y jóvenes: ahí también está el estigma”, cuestionó.

Además, el proyecto prohíbe la exigencia de mostrar test de VIH, Hepatitis, TBC e ITS para ingresar a un puesto de trabajo y establece pensiones no contributivas para aquellas personas con VIH y Hepatitis B o C que tengan necesidades insatisfechas, así como provisión de tratamientos para quienes adquirieron el virus por transmisión vertical y para otras poblaciones clave como mujeres, personas trans, travestis y personas no binaries; y la extensión de la provisión de leche de fórmula hasta los 18 meses (antes llegaba sólo a los 6 meses) para bebés de madres positivas.

“El compromiso de esta ley también es por quienes no están, por quienes siguen sobreviviendo y también por quienes vendrán, queremos estar acá el día de la cura», dijo del diputado Maxi Ferraro, presidente de Coalición Cívica ARI.

Por otro lado, el proyecto también contempla la creación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis, TBC e ITS integrada por distintos ministerios, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil que trabajen el tema y la creación del Observatorio Nacional de Estigma y discriminación en la órbita del INADI, para evitar que se utiliza a la infección por VIH, Hepatitits B o C, TBC o cualquier otra ITS para impedir el ejercicio de los derechos.

«Me parece importante que el proyecto no sufra modificaciones. Necesitamos un observatorio y un consejo consultivo. Si permitimos los discursos de odio contra las comunidades históricamente vulneradas, vamos a tener una sociedad cada vez más violenta», dijo Victoria Donda, Titular del INADI. «Si no hay políticas públicas, no hay derechos. La pensión contributiva es central. También nos parece central un régimen especial para jubilaciones. Lo que queremos como Anses es jubilar. Los sistemas previsionales son un derecho», coincidió Santiago Fraschina, Secretario General de la ANSES.

“Diputadxs de la Nación, representantes del pueblo argentino, hoy fallecieron 13 personas con VIH y/o Hepatitis Virales, mañana morirán otras 13 y pasado también. Sólo en febrero, el mes en el que tuvieron que concretarse las sesiones extraordinarias, murieron 365 personas, y otras 403 habrán muerto cuando termine marzo. Salvar nuestras vidas está en sus manos y para eso, tienen que sesionar”, subrayó José María Di Bello, presidente de Fundación GEP, durante la presentación del proyecto de ley, que ya espera ser tratado en las comisiones de salud, legislación general y presupuesto.

“Exigimos la inmediata conformación de la Comisión de Acción Social y Salud Pública; que las Comisiones de Acción Social y Presupuesto y Hacienda ratifiquen con urgencia en una sesión conjunta el dictamen de la ley de VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis; que se haga una sesión en el recinto de la Cámara de Diputades para abril de este año y que el proyecto obtenga la media sanción”, concluyó Di Bello.

Descargá el proyecto de ley presentado acá.