El bloque de Cambiemos en el Congreso impidió que se tratara el proyecto de Ley de VIH, hepatitis virales e ITS presentado en 2016. Un año después, el proyecto fruto del trabajo colectivo elaborado intersectorialmente, con una gran influencia de las organizaciones de comunidades afectadas y otras organizaciones de la sociedad civil, consiguió el dictamen en la Comisión de Salud en Diputados pero, como no avanzó en el resto de las comisiones, perdió estado parlamentario. En 2018, con el aval de 14 diputadxs, las organizaciones volvimos a presentar el proyecto pero Cambiemos se negó a darle tratamiento: hubo una decisión política para que las personas con VIH, nuevamente se queden sin una ley que aborde de manera integral las políticas públicas desde una perspectiva de Derechos Humanos. 

Tras cuatro años de importantes esfuerzos por la sanción de una nueva Ley de VIH, Hepatitis virales e ITS, el proyecto volverá a perder estado parlamentario. A pesar de que el proyecto de ley fue presentado en 2 oportunidades consecutivas y que logró el dictamen favorable de la Comisión de Salud, este año vuelve a perder estado parlamentario por la voluntad política de los presidentes de las comisiones que debían tratarla.

Ambos proyectos plantearon la actualización de la Ley Nacional de SIDA actualmente vigente, que fuera sancionada en 1990. La población afectada necesitan de nuevos instrumentos legales que desde una perspectiva integral y de Derechos Humanos de respuesta efectiva a sus necesidades. El proyecto presentado en julio de 2018 bajo el expediente 3550-D-2018, busca legislar sobre aspectos sociales, laborales y Derechos Humanos más allá de la perspectiva biomédica de la Ley 23.798, extendiendo así mismo el alcance a las Hepatitis Virales.

“Desde Fundación GEP repudiamos la decisión política del Gobierno de no tratar ni aprobar el proyecto, decisión ejecutada por el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, que a pesar de verse obligado a ponerlo en tratamiento nunca permitió que se tratara. Es parte de la política de desfinanciamiento a la salud pública y la quita de derechos de estos últimos cuatro años”, sostuvo José María Di Bello, Presidente de Fundación GEP. 

La aprobación de una nueva Ley de VIH es una demanda popular histórica y así surgió el primer proyecto trabajado en 2015 desde una construcción plural participativa entre las redes de personas con VIH, la sociedad civil, sociedades académicas y científicas, la Dirección de Sida dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y contó con el asesoramiento de agencias de Naciones Unidas (ONUSIDA y OPS). Ese primer proyecto fue presentado en 2016 por el Diputado Nacional Jorge Barreto (Frente para la Victoria), y había conseguido un dictamen favorable por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Sin embargo la falta de voluntad política de Cambiemos llevó a la pérdida de estado parlamentario.

Ante tal situación, más de 60 organizaciones integrantes del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH insistimos en presentar un nuevo proyecto en 2018 que contó con el apoyo de 14 Diputados Nacionales, y que fué impulsado por Fernanda Raverta (FPV), Eduardo Bucca (FPV) y Daniel Arroyo (FR) y que siguió la misma suerte del proyecto anterior. La presidencia de las Comisiones de la Cámara ejercida por los diputados de Cambiemos desoyeron las urgentes demandas sociales y se negaron a dar tratamiento al proyecto de ley.

“Hicimos todo lo necesario para que el proyecto de ley avance en su tratamiento: basándonos en el reglamento del Congreso de la Nación, conseguimos que tres diputadxs de cada comisión exigieran el tratamiento inmediato del proyecto de ley. El artículo 109 del reglamento dice expresamente que si hay un proyecto que debe ser tratado por una comisión y su presidente no habilita el espacio, con la firma de tres diputadxs, la comisión tiene la obligación de tratarlo. Sin embargo, los presidentes de las dos comisiones, Daniel Lipovetzky y Luciano Laspina decidieron ignorar una demanda popular”, agregó Di Bello.

“El proyecto daba cuenta del trabajo colectivo de las organizaciones de la sociedad civil, de la articulación y el debate, la respuesta a demandas históricas de los colectivos de personas con VIH y Hepatitis Virales. El proyecto genera políticas públicas específicas para niños, niñas y adolescentes que nacieron con VIH, personas migrantes, usuarixs de drogas, pueblos originarios y hacia a personas que viven en contextos de encierro. Al mismo tiempo, busca que se reconozca un régimen especial de jubilaciones y pensiones para personas con VIH. Busca dar respuesta a los determinantes sociales de la Salud y a las vulnerabilidades crónicas o temporarias de las personas afectadas”, explicó Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP. 

Durante cuatro años, las organizaciones de la sociedad civil que integramos el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y bajo el grito ¡No hay más tiempo! organizamos manifestaciones, actividades, ocupamos el espacio público exigiendo su tratamiento para llegar a lxs legisladores y las comisiones y que traten el proyecto. 

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