Hoy se presentó por tercera vez el proyecto para una nueva Ley Nacional de respuesta integral al VIH, las Hepatitis virales, la Tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS) que busca ampliar derechos en materia de políticas públicas y acceso a la salud. Redactado de manera federal y colectiva por más de 40 redes de organizaciones de todo el país, este proyecto está centrado en una perspectiva de derechos humanos y géneros y pretende modificar la mirada biomédica de la ley 23.798, que ya cumplió treinta años. 

Más de 40 organizaciones y redes de la sociedad civil nucleadas en el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH, presentaron hoy y por tercera vez el proyecto revisado para una nueva Ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS. 

“En diciembre de 2015, después de un año y medio de trabajo conjunto, se terminó el proceso de redacción del proyecto de ley y logramos que ingresara al Congreso”, recordó José María Di Bello, que es presidente de Fundación GEP durante la presentación. Pero pese a contar con un dictamen favorable de la Comisión de Acción Social y Salud pública de la Cámara de Diputados, el proyecto perdió su estado parlamentario. 

Las organizaciones trabajaron en conjunto con instituciones científicas y organismos provinciales, nacionales e internacionales, como el Ministerio de Salud de la Nación, la Organización Panamericana de la Salud y ONUSIDA, y lo presentaron nuevamente en el año 2018, pero volvió a perder la posibilidad de tratamiento en la cámara baja. 

“Hoy es un momento muy importante para presentar esta ley. En nombre del Ministerio de Salud de la Nación nos comprometemos a actualizar el marco legal y seguir ampliando derechos”, afirmó Carla Vizzotti, Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, durante la presentación. “Nos parece muy importante que después de 30 años se actualice esta ley. Hay que emprender nuevos desafíos, avanzar en la respuesta integral y redoblar compromisos para trabajar en derechos humanos en contra de la discriminación, con perspectiva de generos y los derechos laborales”, agregó. 

“Es un proyecto que viene a cambiar el paradigma de la salud, desde la perspectiva biomédica a una de géneros y derechos humanos”, subrayó Carolina Gaillard, diputada nacional por el Frente de Todos y la primera firmante. 

Es la primera vez que el proyecto de ley incluye a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual. En nuestro país, 600 mil personas podrían tener hepatitis C, pero más del 50% no están diagnosticadas. Según los datos del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, en 2017 fallecieron 6 mil personas por no acceder a la cura. Hay 10 mil casos anuales de tuberculosis y el 18% se da en menores de 20 años. “Los casos de sífilis congénita han aumentado y eso habla de la falta de controles y de acceso a la salud durante el embarazo”, dijo María Eugenia De Feo, integrante de Fundación HCV. 

El proyecto incluye la participación de la sociedad civil, en particular las personas afectadas por VIH, hepatitis virales y sobrevivientes de la tuberculosis, como actores clave en la respuesta al VIH: “Siempre tuvimos un rol muy importante en la participación de la definición de las políticas públicas nacionales”, destacó Di Bello. 

“El mundo enfrenta de nuevo una pandemia que crea inequidades en materia de acceso a servicios, vulnerabilidades y salud. La sociedad civil tiene que asumir de nuevo el protagonismo de movilizar a las comunidades, parlamentos y liderazgos políticos”, agregó Alberto Stella, Director de ONUSIDA. 

Hernán Vidales, activista de RAP+30, detalló que el nuevo proyecto fue redactado con una perspectiva interseccional, de derechos humanos y diversa. “Permite que el Estado responda a la situación de las más de 10 mil personas que todos los años tienen tuberculosis en nuestro país”, ejemplificó Vidales y agregó que también incluye a quienes ejercen el trabajo sexual, las personas trans, travestis y de géneros no binarios, que en su mayoría se atienden en el sistema público de salud y viven en situaciones “de extrema vulnerabilidad”. 

“Hace 30 años soñábamos con que, a esta altura de la pandemia de VIH, ya tendríamos la cura. Queremos que la ley sea ese sur que marca el norte. El capítulo 3 propone iniciativas para mujeres y personas con capacidad de gestar. Queremos que no vuelvan a atravesar situaciones de violencia durante sus partos”, agregó Mariana Iácono, de ICW Argentina.  

El nuevo proyecto propone un espacio de transición entre la atención pediátrica y la clínica adulta, con especial énfasis en personas que nacieron con transmisión vertical. “La ley busca dar una respuesta integral a quienes vivimos con el virus y que podamos tener una calidad de vida digna”, enfatizó Emir Franco, de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP). 

Además, el proyecto de ley presentado pretende declarar de interés público la investigación y desarrollo de tecnologías locales para la producción pública nacional de medicamentos e insumos. “Necesitamos que, una vez aprobada la ley, se aplique en todos sus niveles, para que los sectores antiderechos no puedan interrumpir su ejecución”, dijo la diputada del Frente de Izquierda y de los trabajadores Romina Del Pla y alertó: “me preocupa la reaparición de enfermedades que estaban controladas, como la tuberculosis, que tienen relación directa con el avance de la pobreza y ciertas situaciones de deterioro de las condiciones de vida de la población”. 

“Desde la primera vez que presentamos el proyecto hasta la actualidad, fallecieron entre 8 mil y 10 mil personas por enfermedades vinculadas al VIH y al sida”, lamentó dijo Matías Muñoz, integrante de la Asociación Ciclo Positivo, y destacó: “Cuando decimos que no hay más tiempo, es porque nos estamos muriendo. Las personas que mueren por causas relacionadas con el VIH están atravesadas por la pobreza y la discriminación, pero se puede tener una buena calidad de vida viviendo con VIH”. 

El proyecto está acompañado por la firma de 23 diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas: Frente de Todos, UCR, Coalición Cívica, Pro, Frente de Izquierda y los Trabajadores y Partido Socialista. Ingresó al Congreso de la Nación bajo el número  5040-D-2020 y fue firmado por Carolina Gaillard; Leonardo Grosso, Cecilia Moreau, Mara Brawer, Mónica Macha, Brenda Austin, Carla Carrizo, Itai Hagman, Ayelén Sposito, Maximiliano Ferraro, Silvia Lospenatto,  Romina Del Plá y Gabriela Estevez.

 

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