El Frente Nacional por la salud de las personas con VIH, del que la Fundación GEP es parte, presentará mañana el nuevo proyecto de ley de VIH, las Hepatitis Virales y las ITS desde una perspectiva de derechos humanos.

Foto: José Luis Schanzenbach

Después de meses de debate y trabajo en conjunto, las organizaciones que integran el Frente Nacional por la salud de las personas con VIH presentarán el jueves al mediodía, el proyecto para la Nueva Ley de VIH, Hepatitis virales e ITS en el Congreso de la Nación.

El proyecto se presentará en la Cámara de Diputados con la firma de María Fernanda Raverta, Eduardo Bucca y Daniel Arroyo, miembros del Frente para la Victoria y el Frente Renovador respectivamente. Los diputados integran, además, la comisión de Acción Social y Salud Pública.

El proyecto cuenta con avales de más de 14 diputados y fue consensuado por más de 60 organizaciones que componen el Frente Nacional por la salud de las personas con VIH. 

“El proyecto es un ejercicio y un ejemplo de democracia y participación plural durante años; tiene representación de todas las organizaciones de la sociedad civil y las redes nacionales con trabajo en VIH además de la sociedad científica y la academia, ONUSIDA, la Organización Panamericana de la Salud y la Dirección Nacional de SIDA del Ministerio de Salud”, dijo Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.

El proyecto que se presenta bajo el expediente 3550-D-2018, declara de interés público y nacional la respuesta integral a las infecciones por VIH/Sida, hepatitis virales e ITS e incluye en el marco legal a otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que se registran en aumento.

De aprobarse, la ley implicará un salto superador a la actual ley de SIDA sancionada en 1990 y que quedó obsoleta, y declara de interés público nacional la respuesta integral a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las Hepatitis Virales y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

También establece la obligación de desarrollar políticas públicas sobre los determinantes sociales de las enfermedades, atendiendo así las distintas vulnerabilidades de aquellos que viven con VIH.  Además cuenta con la participación de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas de VIH a través de la conformación de una Comisión Nacional, integrada de manera intersectorial e interministerial.

Reconoce y obliga al estado a desarrollar políticas específicas para aquellos niñas, niños y adolescentes que nacieron con VIH y establece los principios del diagnóstico: confidencial, voluntaria con consentimiento informado, gratuita y universal, con la obligatoriedad del asesoramiento pre y post test, y la vinculación con el sistema de salud.

Propone que se  prohíban las prácticas discriminatorias en cualquier ámbito así como las prueba diagnóstica de VIH en al ámbito laboral, incluyendo los exámenes preocupacionales, y prevé sanciones para quienes incumplan.

Además, reconoce los derechos de las poblaciones vulneradas, tal como los usuarios de droga, pueblos originarios y personas en contexto de encierro. Propone la creación de un Observatorio, que tendrá el objetivo de visibilizar y erradicar las prácticas de estigma y discriminación y reconoce los derechos de las personas con VIH en el marco del sistema de seguridad social: jubilaciones y pensiones no contributivas.

El proyecto contribuye a la sostenibilidad de los programas de salud y provisión de tratamientos.

Ésta es la segunda vez que se intenta actualizar la ley de VIH de 1990; el proyecto anterior había sido presentado en 2016 y se aprobó en la comisión de Salud, pero antes de llegar a ser debatido en la comisión de Legislación General, perdió estado parlamentario.

“En este momento se ha hecho urgente la necesidad de sancionar la ley. En estos dos últimos años han habido faltantes de medicamentos y reactivos similares a los que ya había acontecido durante el 2001 y necesitamos una  ley que nos proteja, que aborde todas las aristas de la vida de una persona con VIH. Cada vez es más difícil de acceder al ámbito laboral y a las jubilaciones y las pensiones para las personas con VIH, y esta ley vendría a resolver estas cuestiones”, dijo José María Di Bello, Secretario de Fundación GEP.

“Esperamos pasar de una ley con un  paradigma biomédico a una que incorpore los determinantes sociales para tener un enfoque de derechos humanos y una mejor herramienta para prevenir, tratar las infecciones y erradicar el estigma y la discriminación que son el principal obstáculo en la respuesta al VIH”, agregó Di Bello.

Durante los meses en los que pudo ser tratado el proyecto anterior, las organizaciones entregaron petitorios, hicieron movilizaciones en la calle y desplegaron un gran lazo rojo frente al Congreso para visibilizar la urgencia de la firma del proyecto de ley. Pero el 1 de diciembre de 2017 las organizaciones y personas que viven con VIH perdieron la posibilidad de tener una ley actualizada que los represente.

En Argentina hay aproximadamente 122.000 personas con VIH, el 30% de las cuales desconoce su diagnóstico y la ley de VIH vigente es la N° 23.798. Se sancionó el 16 de agosto de 1990 y “declara de interés nacional a la lucha contra el SIDA, incluyendo la detección e investigación del VIH”.

Por eso, como integrantes del Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH, convocamos este jueves 5 de julio, desde las 11:30 hs en la Sala 1 piso 2,  en el Anexo del Congreso de la Nación para acompañar la presentación. A partir de las 13:30 hs. realizaremos una asamblea popular en la puerta del Anexo del Congreso, solicitando el pronto tratamiento.