Además de la sociedad civil, los laboratorios nacionales inician acciones para suspender  resolución de la oficina de patentes que favorece la creación de monopolios a favor de empresas farmacéuticas extranjeras

Como informó GEP el mes pasado y como alertaron en los últimos días las compañías nacionales nucleadas en la Cámara de Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), las novedades provenientes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) son cada vez más preocupantes en materia de salud pública. La nueva gestión encabezada por Dámaso Pardo acaba de emitir la Resolución N°56/2016 que establece que la Oficina Nacional podrá comenzar a otorgar patentes en el país sin hacer un examen riguroso de las solicitudes de patentes, que en su mayoría no cumplen con los requisitos legales. Con esta nueva norma, los estudios realizados por oficinas de patentes de otros países serán considerados para otorgarlas en la Argentina.

La medida establecida por la Resolución N°56 implica de facto la anulación de las guías de patentabilidad vigentes actualmente, consideradas ejemplo de protección a la salud pública a nivel mundial. Las guías son fundamentales porque tienen el propósito de evitar las trampas ilegales de las farmacéuticas multinacionales como el “evergreening” – la perennización de monopolios que renuevan el plazo de exclusividad sobre medicamentos esenciales. Estos monopolios inmerecidos impiden la fabricación  de versiones genéricas de calidad y bajo costo. Las guías de patentabilidad son objeto desde 2013 del juicio que CAEMe (la Cámara de Especialidades Medicinales, que reúne a las farmacéuticas multinacionales en Argentina) intenta contra el Estado Nacional y que ha motivado nuestra campaña “Corporaciones farmacéuticas ¡Abandonen el caso!”.

Las graves consecuencias que la nueva Resolución 56/2016 tiene sobre el acceso a medicamentos preocupan pero no sorprenden, ya que están en sintonía con lo expresado por Pardo en reunión con GEP en agosto de este año cuando refirió que su misión es “hacer lo posible por entregar derechos de propiedad a las empresas extranjeras”, lo que en pocas palabras implica que bajo su mandato la oficina nacional de patentes priorizará los derechos comerciales por sobre derechos humanos básicos como el acceso a la salud. Pardo, que hasta junio de 2016 asesoraba al mega estudio Perez Alati, Grondona, Benites, Arnsten & Martínez de Hoz (h) en materia de propiedad intelectual, fue nombrado en su puesto en evidente conflicto de interés para dirigir el INPI.

Los laboratorios nacionales, también en contra de la medida

En un comunicado y solicitadas en diarios nacionales, CILFA afirmó que la norma «vulnera principios contemplados en seis leyes, y además va a permitir ‘importar’ patentes extranjeras subordinando la soberanía sanitaria y científica nacional en favor de intereses económicos de otros países«. Adelantaron por otra parte que presentarán un amparo ante la justicia y planean iniciar una demanda contra Pardo. En el mismo comunicado, los laboratorios nacionales señalan que la medida “favorece a los monopolios extranjeros y provocará un aumento de los precios de los medicamentos, con el consiguiente impacto sobre los presupuestos familiares y de los sistemas de salud públicos y privados (…) Tendrá, además, un efecto negativo sobre el empleo, las inversiones y el desarrollo de la industria argentina«.

Las corporaciones farmacéuticas extranjeras, con la nueva resolución del INPI, no precisarán esperar al resultado de su juicio contra el Estado: cuentan con un aliado inmejorable en Pardo, quien defendiera sus intereses en su actividad privada y ahora lo hace en la función pública. La sociedad en su conjunto -y especialmente quienes trabajamos para proteger el derecho a la salud- no nos quedaremos de brazos cruzados en este momento: seguiremos defendiendo que los medicamentos no son una mercancía sino un bien social para garantizar el derecho a la salud de los argentinos.