La Fundación GEP tuvo activa participación en la Asamblea Popular por la Salud de las personas con VIH/SIDA realizada por la tarde del día de ayer en el Ministerio de Salud de la Nación. La Asamblea fue convocada por el Frente por la Salud de las personas con VIH/SIDA y contó con la presencia de 300 personas y la adhesión de más de 30 organizaciones vinculadas a la temática, reunidas para exigir respuestas ante situaciones que vienen siendo denunciadas y visibilizadas por GEP con su trabajo: la actual falta de medicación y de reactivos por un lado, y la necesidad de reforma de la Ley Nacional de SIDA por otro.

Varios referentes de las distintas organizaciones participantes tomaron la palabra para expresar las razones de su presencia en la movilización, que incluyó el reclamo por la falta de diálogo con las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de SIDA y ETS (DNSyETS), que se niegan sistemáticamente a recibir a la sociedad civil para discutir la situación de emergencia para las personas con VIH, la ausencia del Estado en materia de prevención (hace semanas que no hay preservativos en los más de 4.000 puestos de distribución anunciados) y la falta de políticas públicas para personas nacidas con VIH.

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José María Di Bello en uso de la palabra durante la Asamblea Popular por la Salud de las personas con VIH/SIDA (Foto: José Luis Schanzenbach)

El Secretario de GEP José María Di Bello formó parte de quienes tomaron la palabra y expresó que de acuerdo a estudios de la Fundación, es preocupante el aumento que desde hace años registran los medicamentos sobre el total del presupuesto de la DNS, llegando al 80% en 2015. Para graficar la situación, Di Bello afirmó que «Este año el presupuesto está subejecutado porque las compras de antirretrovirales no se efectivizaron, al menos hasta junio. Lo peor del caso es que al precio de la última compra, la inversión necesaria en medicamentos para que quienes están en tratamiento puedan continuarlo sería casi equivalente al presupuesto aprobado para toda la DNS para 2017, sin dejar resto para prevención ni para ninguna otra actividad o material«.

Di Bello no dudó en subrayar el papel que los precios exorbitantes de los antirretrovirales juegan en la situación, debido al abuso del sistema de patentes por parte de las multinacionales farmacéuticas en nuestro país, y remarcó que «Esto seguirá ocurriendo cada vez más y peor a partir de la disposición del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de aprobar sin previo examen patentes que hayan sido aprobadas por oficinas de otros países«. Para finalizar su intervención, mencionó al igual que otros referentes que es inaceptable que ningún funcionario haya recibido a los delegados de la Asamblea y que «La salud no es un negocio y no se negocia«.