Con la participación de los diputados Daniel Gollán y Carolina Galliard,  Fundación GEP presentó el último informe de compras públicas de medicamentos del Observatorio de Acceso a Medicamentos en la Cámara de Diputados de la Nación. Entre los datos relevados se destaca que la mayoría de las compras directas corresponden a medicamentos que no tienen derechos de propiedad intelectual vigente y podrían haber sido adquiridos por otras vías, a precios más accesibles. “Este modelo de innovación está agotado, nos deja en manos del mercado y el mercado nunca va a traer la cura: ¿por qué hace 40 años no tenemos vacunas ni cura para el VIH?” 

Uno de los escollos más importantes por el cual se pagan tan caros los tratamientos son las compras directas a medicamentos que no están patentados, para los cuales hay versiones genéricas en Argentina o se podrían comprar afuera. El otro es que más del 70% de las compras se realizan a dos grandes laboratorios, uno es la farmacéutica internacional Merk, y el otro el laboratorio nacional Richmond, que lleva casi el 30% del presupuesto de la dirección de VIH.

“En Argentina seguimos teniendo una alta cantidad de compras de medicamentos de manera directa, lo que hace que tengamos precios muy elevados. Esto ocurre muchas veces porque no hay la suficiente previsibilidad, como ocurrió en 2017”, subrayó José María Di Bello y detalló que, en 2021, el 83% de la inversión en compras de medicamentos fue a compras directas. 

“Este es uno de los focos centrales en los que tenemos que poner el acento para mejorar la política pública en compra de medicamentos: el 100% de la inversión en compras de medicamentos para la Hepatitis C se dividió en dos compras directas a empresas extranjeras, cuando en Argentina logramos que haya cinco productores nacionales que fabrican estas drogas”, ejemplificó Di Bello. 

Al respecto, el sociólogo Fausto Ferreyra, a cargo del informe del observatorio, detalló la metodología utilizada y los principales datos encontrados, y dijo que los tres medicamentos de VIH más utilizados son provistos por compañías extranjeras: “Entre las compras de medicamentos nacionales para VIH, el de mayor crecimiento registró un incremento superior al 200%”, puntualizó.

“El trabajo que hacen desde GEP es bien interesante porque para nosotros la salud es un derecho pero para muchos es un negocio”, afirmó la diputada Carolina Gaillard, durante la presentación del informe y destacó que el observatorio es “fundamental” y que es “muy importante” que las asociaciones de la sociedad civil estén siempre atentas a las políticas públicas, para garantizar derechos y combatirlas desigualdades sociales, ya que a veces el Estado solo no puede.

De los datos del informe se desprende que entre el 80 y 90% del presupuesto de la Dirección Nacional de VIH se utiliza para la compra de medicamentos. El nivel más bajo se registró en el 2021 y fue del 83%, de los cuales el 81% fue destinado a la compra de medicamentos para VIH, el 10% a la de medicinas para la Hepatitis C y el 3% a la compra de drogas para la tuberculosis. 

Este año se cumplen 10 años del Programa de Acceso a Medicamentos (PAM),  que impulsa Fundación GEP y a través del cual ha podido profundizar sobre estos temas. “El PAM nos permite impulsar y sostener este observatorio de compras de medicamentos. Estamos muy contentos porque después de esta década hemos tenido frutos muy buenos que implican un compromiso de seguir adelante”, subrayó Di Bello.

Propiedad intelectual y acceso a medicamentos

En la década del 90 se firmó en la Organización Mundial del Comercio (OMC) el denominado acuerdo de los ADPIC, que entre otras cuestiones establecen el sistema de patentes global que rige sobre los desarrollos sanitarios como los medicamentos. 

“La promesa del adpic es que las patentes iban a generar más investigación en tecnología en materia de salud, pero después de más de 30 años vemos que el sistema no está dando resultado, porque el mercado solo desarrolló aquellas tecnologías que le convienen en materia de ganancias”, afirmó Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de GEP y recordó que Fundación GEP fue fundada por personas con VIH, algunes sobrevivientes de la Hepatitis C y la tuberculosis que comenzaron a preocuparse por la sustentabilidad de la compra de medicamentos en Argentina, durante la crisis económica que sufrió el país en 2001, al ver afectada la continuidad de sus propios tratamientos. 

Desde entonces, Fundación GEP comenzó a investigar y detectar las barreras del sistema global de propiedad intelectual y, hace más de una década, conformó un equipo interdisciplinario que analiza y evalúa las solicitudes de patentes de la industria farmacéutica. No cualquier producto o procedimiento es patentable en Argentina, ya que si bien el modelo es global, cada país debe aprobarlas de acuerdo a sus propios criterios locales. “Este modelo de innovación está agotado, nos deja en manos del mercado y el mercado nunca va a traer la cura: ¿por qué hace 40 años no tenemos vacunas ni cura para el VIH?”, cuestionó Di Giano. 

“Es imposible sostener un modelo que está desfinanciando los sistemas de salud en todo el mundo. No se puede pagar 300 veces más por un medicamento”, agregó el diputado Daniel Gollán, que fue ministro de salud de la Provincia de Buenos Aires, y recordó que en la década del ‘80 empezó a cambiar la perspectiva de la investigación, luego de que en los Estados Unidos se dictara la denominada Ley Bayh-Dole, por la cual las empresas farmacéuticas se convirtieron en padrinas y socias de los centros públicos de investigación. 

“Al principio, les decían que si investigaban algo exitoso les daban algún porcentaje para el investigador y el instituto, pero con el tiempo, eso hizo que las empresas decidieran investigar lo rentable, no lo necesario”, comentó Gollán y advirtió que esto que forma parte del complejo médico industrial de Estados Unidos que luego fue copiado en todo el mundo, transformando en un negocio lo que antes era investigación en busca de soluciones reales.

“La extracción que están haciendo los sistemas sanitarios es un problema mundial. El futuro está en investigar y desarrollar nuevos productos, no en copiar los mismos de siempre”, subrayó Gollán y adelantó que por eso están trabajando en proyectos de ley que acoten los márgenes de ganancia “gigantes” que tienen los laboratorios, así como también promover el trabajo conjunto entre el sector público y el privado pero en asociaciones en las que el Estado deje de ser “el socio bobo”. 

“Tenemos que avanzar entre todos, con mucha participación ciudadana. Es importante que se sepa lo que pasa. Los seres humanos somos otros cuando logramos entender por qué nos pasa lo que nos pasa, empezamos a pensar que hay qué hacer para cambiar la historia, no para uno mismo sino para un colectivo”, concluyó Gollán.

Descargá el informe 2021 acá: Observatorio2021_Digital