La OMS puede sugerir, proponer e incluso iniciar acciones para tratar de resguardar la salud global. Sin embargo, quien puede definir e instaurar de manera vinculante medidas efectivas que faciliten el acceso a vacunas, medicamentos y otras tecnologías médicas vinculadas a la Covid-19 es la OMC. A través de una propuesta que hicieron India y Sudáfrica, los países reunidos en ese organismo tienen una oportunidad única para lograrlo, pero la están dejando pasar.  

Desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha tenido un rol central en el seguimiento de los descubrimientos y avances científicos en torno al virus, su prevención y el desarrollo de posibles tratamientos y vacunas. En base a eso, no solo ha emitido recomendaciones de salud a los distintos países de manera continua, también se ha preocupado por buscar mecanismos que faciliten el acceso equitativo e igualitario a medicamentos e insumos necesarios para hacerle frente. Sin embargo, la capacidad real de lograr este objetivo lo tiene otro organismo multilateral: la Organización Mundial de Comercio (OMC). ¿Por qué? Porque fue allí donde, entre 1986 y 1994 se firmó el denominado Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que afecta también a las tecnologías médicas y productos vinculados a atención de la salud, con carácter vinculante. Es decir que mientras que los enunciados de la OMS tienen carácter de recomendaciones, aquellos que se acuerdan en la OMC  son obligatorios, y si alguno de los países miembros no cumple con lo acordado, puede ser sancionado o penado por dicho organismo. 

Con los derechos de propiedad intelectual se buscaba proteger el conocimiento e incentivar los desarrollos científico-tecnológicos. Las patentes, por ejemplo, le otorgan a quienes las poseen la exclusividad para producir y comercializar el producto patentado durante 20 años. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que esos incentivos se convirtieron en verdaderos monopolios que las empresas intentan perpetuar, utilizando diversas prácticas conocidas como “evergreening”, que en el ámbito de la salud se traducen en precios abusivos y límites en el acceso a medicamentos, vacunas y otras tecnologías médicas, muchas veces esenciales para salvar vidas humanas. 

“Una de las principales trabas en el acceso a vacunas y tecnologías médicas son los derechos de patentes y propiedad intelectual, que otorgan exclusividad a las grandes farmacéuticas que los producen y generan monopolios que ponen en riesgo la salud de las poblaciones”, afirma Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP, y advierte que la propiedad intelectual sobre las tecnologías médicas no solo genera precios altos y abusivos y ganancias excesivas para la industria farmacéutica, sino que además, ante la imposibilidad legal de compartir el conocimiento, se convierte en una barrera para la colaboración en la investigación, el desarrollo y la fabricación de estos bienes esenciales, más allá de la COVID-19. 

Por eso, a principios de octubre, India y Sudáfrica tomaron el liderazgo y propusieron, en el Consejo de los ADPIC, en la OMC, que se adopte una exención de las disposiciones de dicho acuerdo, que suspenda los derechos de propiedad intelectual, patentes farmacéuticas y otros derechos que interfieren con el debido ejercicio del Derecho a la Salud, sobre todos los medicamentos y tecnologías médicas para la COVID-19, mientras dure esta pandemia. De ese modo, cualquier país con las capacidades suficientes podría producir medicamentos, vacunas y otros insumos necesarios, sin limitaciones, mientras que los países más pobres podrían acceder a versiones genéricas menos costosas para asistir a sus poblaciones.

Sin embargo, y aunque contó con el apoyo de un centenar de países de ingresos bajos y medios -e instituciones globales como ONUSIDA y UNITAID, y más de 400 organizaciones de la sociedad civil, entre las que figura Fundación GEP-, esta propuesta no prosperó ya que las definiciones se aprueban por consenso y, en este caso, no consiguió el apoyo de varios de los países más ricos, en los que justamente se encuentran las sedes principales de las corporaciones farmacéuticas multinacionales. Durante los últimos encuentros de la OMC, en diciembre de 2020, los representantes no lograron ponerse de acuerdo y el debate se ha pospuesto y será retomado en los primeros meses de 2021.

“Los países en la OMC tienen una oportunidad invaluable para limitar la especulación y velar realmente por la salud humana global. Sin embargo, está claro que en  los países desarrollados prevalece el interés de las corporaciones farmacéuticas, sin importarles, por ejemplo, que en muchos países la vacuna para el Covid-19 no llegará hasta el 2024”, lamenta José María Di Bello, Presidente de GEP y recuerda que una experiencia similar se vivió durante la pandemia del VIH a principios de la década del 90. “Mientras la infección se convertía en una enfermedad crónica tratable en los países desarrollados, que podían acceder a los primeros antirretrovirales que salieron al mercado, millones de personas murieron en distintos lugares de África porque no podían acceder a esos medicamentos”, reclama.

Durante la sesión informativa semanal de la OPS/OMS del 9 de diciembre (en paralelo a los debates en la OMC sobre la propuesta de India y Sudáfrica), el subdierctor de la OPS, Jarbas Barbosa, también se refirió a la preocupación global por el acceso a las inoculaciones y consideró que «no hay que discutir la obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19, sino la obligatoriedad de tenerla disponible». Para ello, insistió en la idea de fortalecer mecanismos como COVAX y convocó a países ricos y donantes para que aporten fondos necesarios para dotar de vacunas a los países más pobres. 

COVAX es un mecanismo que promueve la OMS, junto a la Alianza para las Vacunas (GAVI) y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), para facilitar el acceso a vacunas contra la COVID-19 por parte de los países de menos ingresos, con la ayuda del aporte de países más desarrollados. El objetivo es que a través de esta iniciativa, en 2021 se logren distribuir 2000 millones de dosis para vacunar al menos al 20% de la población de los países de menores ingresos. Para lograrlo, se necesitan alrededor de 7000 millones de dólares (de los cuales hasta el momento solo recaudaron poco más de 2000 millones de dólares). Probablemente este sea uno de los motivos por los cuales, según un reporte que se discutió en la junta interna de GAVI (una alianza entre gobiernos, farmacéuticas y organizaciones sin fines de lucro internacionales), que se reunió entre el 15 y 17 de diciembre, se considera que el mecanismo COVAX tiene muchas posibilidades de fallar y de dejar a las poblaciones de países pobres sin acceso a ninguna de las vacunas, hasta el año 2024.  

Además, COVAX incluye una reserva de vacunas a precios diferenciales para países de ingresos medios que sí puedan pagarlas. Pero las grandes farmacéuticas están presionando a algunos de esos gobiernos para que implementen regulaciones específicas, que muchas veces implican ceder soberanía, como requisito para poder ser parte y reservar dosis de las vacunas disponibles a través de este mecanismo. Es lo que ocurrió en Argentina, por ejemplo, donde tales presiones lograron que el 29 de octubre se sancionara una ley que declara de interés público la vacuna contra la Covid-19, que entre otras cosas ofrece una “prórroga de la jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero” e indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones. “Esta ley corre la responsabilidad de los laboratorios y permite que los posibles juicios vinculados con contratos impulsados en el marco de la pandemia para la adquisición de vacunas para la COVID-19 se realicen bajo leyes extranjeras”, aclara Di Giano, que es abogada especializada en temas de propiedad intelectual, y advierte que este mecanismo de solución de controversias se utiliza generalmente para la inversión pública, pero con esto se lo podría utilizar en compras del Estado.

COVAX es una de las acciones incluidas en el Fondo de Acceso a la Tecnología para la COVID-19 (C-TAP, por su sigla en inglés), otra de las iniciativas creadas por la OMS con el propósito de reunir en un único lugar datos, conocimientos y propiedad intelectual relevantes, compartidos de manera voluntaria, que potencien los esfuerzos colectivos en ciencia y tecnología, aceleren el desarrollo de aplicaciones necesarias para atender a la pandemia y amplíen el alcance de estos beneficios. Hasta el momento, el C-TAP ha sido rechazado por la industria, y desde su lanzamiento en mayo de 2020, todavía no se ha comprometido ninguna compañía con este fondo. 

“La única manera de garantizar el acceso equitativo a equipos diagnósticos, tratamientos, vacunas y otras tecnologías médicas es excluirlas de los derechos de exclusividad de propiedad intelectual establecidas por el acuerdo de los ADPIC”, subraya Di Bello, y agrega que suspender tales obligaciones de todas las tecnologías médicas involucradas con la COVID-19 mientras dure la pandemia, tal como han propuesto India y Sudáfrica ante la OMC, “es una medida que no solo facilitará el acceso a la salud en los países menos desarrollados sino también en todos los países del mundo”.