A un año del pedido de liberen las patentes, la OMC decidió postergar la reunión ministerial por tiempo indefinido, debido a la aparición de una nueva variante del coronavirus que sería mucho más contagiosa que sus predecesoras. Se detectó en el continente africando, que registra las menores tasas de vacunación en el mundo.
Por temor a Ómicron, la nueva variante de Covid19 que surgió en el continente africano, la Organización Mundial del Comercio (OMC) decidió suspender la Cumbre Ministerial, CM12, que estaba prevista para realizarse entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre. Era una nueva oportunidad para que los países que la integran aprobaran, luego de más de un año de postergaciones, la propuesta que India y Sudáfrica presentaron en octubre de 2020, para facilitar el acceso a medicamentos, vacunas y otros insumos médicos que puedan ser necesarios para hacerle frente al Covid-19. Desde entonces, los países más desarrollados se oponen a esta idea y acaparan vacunas, mientras que el continente africano sigue siendo el que menos cantidad de población vacunada registra.
Frente a la iniciativa original, que propone suspender todos los derechos de propiedad intelectual sobre vacunas, medicamentos e insumos médicos que puedan ser necesarios para atender a la Covid-19, mientras dure la pandemia, la Comunidad Europea ha presentado una alternativa que sugiere implementar herramientas muy similares a las que ya existen hace más de una década pero de muy difícil aplicación. Por su parte, Estados Unidos cambió su postura tras la asunción de Joe Biden al gobierno de ese país, que desde entonces dejó de oponerse a la medida y apoya una exención de estos derechos pero sólo sobre las vacunas.
Hasta el momento, las vacunas se presentan como la opción más efectiva para frenar el avance de la Covid-19, que desde su surgimiento ya ha provocado más de 5.18 millones de muertes en todo el mundo. Y a pesar de que ya se han aplicado casi 8 mil millones de vacunas en todo el mundo, la distribución ha sido muy desigual: a casi un año del comienzo de la vacunación a nivel global, solo el 5,8% de la población de los países de ingresos más bajos está totalmente inmunizada, frente al 55% de la de los países ricos; y mientras que algunos países ya están aplicando terceras dosis; en África, por ejemplo, menos del 2,5% de su población ha recibido al menos una inmunización, y en América del Sur, esa cifra apenas llega al 7%.
Por eso, urge tomar medidas humanitarias globales que pongan la vida por sobre los intereses económicos de un puñado de empresas, para ponerle fin a las inequidades y lograr que la población acceda a una vida saludable, en todo el mundo.
Cantidad de personas que recibieron al menos una dosis de alguna vacuna contra la Covid-19.
Sin embargo, ante esta situación, el consejo de los ADPIC en la OMC sigue respondiendo a los intereses de las grandes farmacéuticas: en la reunión anual que se desarrolló el 13 y 14 de octubre, la última antes de la reunión del consejo ministerial que acaba de ser suspendida por tiempo indefinido, que estaba prevista para esta semana, los países más desarrollados habían vuelto a rechazar la propuesta que India y Sudáfrica presentaron ante este organismo intergubernamental, hacía exactamente un año.
¿Qué planteaban? Proponían la suspensión de la propiedad intelectual sobre todas las tecnologías médicas necesarias para hacerle frente a la pandemia. Esto incluye, desde insumos y equipos médicos, como barbijos y respiradores, hasta medicamentos y vacunas. Por el contrario, después de muchas idas y vueltas, hace ya un año que un pequeño grupo de países muy poderosos -que son sede de las principales compañías farmacéuticas- sigue demorado una resolución sobre esta iniciativa que, por el contrario, suma cientos de adhesiones de distintos países y organizaciones de la sociedad civil, preocupados por facilitar el acceso a la salud de todas las poblaciones.
¿Por qué esta medida ayudaría a controlar la pandemia? Porque los títulos de propiedad intelectual, como las patentes y los datos de prueba, otorgan monopolios a las grandes empresas, que les permiten cobrar altos precios por productos de primerísima necesidad, como vacunas y medicamentos. Además, a menos que cuenten con algún acuerdo o autorización particular, ningún otro laboratorio, independientemente del país en el que se encuentre, puede producir las tecnologías protegidas. En este sentido, la propuesta de India y Sudáfrica busca evitar los frenos que esto implica, para poder aumentar la producción de los productos necesarios para atender a la Covid-19 y así promover la disminución de sus precios y facilitar el acceso, principalmente en los países que más lo necesitan.
La propuesta fue cuestionada por diversos motivos. El principal es que el acuerdo de los ADPIC incluye salvaguardas de salud que deberían ser suficientes para responder a casos como este, aunque el tiempo y la experiencia han demostrado que no lo son. Acorde a ese argumento, la contrapropuesta de la Unión Europea ante el Consejo de los ADPIC se refiere justamente a potenciar el uso de las denominadas licencias obligatorias, una de las flexibilidades que están incluidas y disponibles hace al menos una década en el acuerdo de los ADPIC, pero que suele encontrar trabas cuando algún país quiere ponerla en práctica. Proponen lo mismo, pero ahora las presentan con características similares a las de una exención (waiver).
Las denominadas licencias obligatorias son autorizaciones que puede emitir una autoridad pública para permitir la importación, fabricación y comercialización por terceros de los productos patentados. Estas licencias no impiden que las empresas farmacéuticas continúen explotando sus patentes, mientras estas estén vigentes. Además, quienes sean autorizados a fabricar y comercializar durante la vigencia de una licencia obligatoria deben pagar regalías al titular de la patente.
Uno de los problemas que presenta este instrumento ante un contexto de emergencia sanitaria global como el actual es que para apelar a estas licencias obligatorias hay que hacerlo tecnología por tecnología y país por país, en procesos que generalmente son complicados y llevan mucho tiempo, lo que implica vidas que se pierden a diario. Además, la experiencia indica que los países que han intentado implementar estas salvaguardas suelen ser hostigados por los más poderosos para no utilizarlas.
Por ejemplo, el reporte de aplicación de la propiedad intelectual de la Unión Europea de 2020, publicado justo antes de la actual pandemia, cuestiona a diversos países en desarrollo (como Ecuador, India, Indonesia y Turquía) porque tienen leyes que permiten el uso de licencias compulsivas si las patentes de las compañías no incluyen la obligación de apoyar la producción local de medicamentos.
De manera similar, el Informe Especial 301 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos de 2020, publicado en medio de la actual pandemia, continuaba condenando a los países que deciden reforzar sus leyes sobre licencias compulsivas o hacen uso de ellas, como Chile, Colombia, Egipto, El Salvador, India, Indonesia, Malasia, Rusia, Turquía y Ucrania (aunque esto no se repitió en 2021).
“La propuesta de India y Sudáfrica propone una solución integral y unificada para todos los países y todas las tecnologías, que agiliza el proceso y le da seguridad a las empresas capacitadas para producir las vacunas y tecnologías médicas que sean necesarias, con la garantía de que no podrán ser demandadas por infringir ningún derecho”, explicó Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.
Otro de los puntos controversiales sobre esta medida se refiere a la duración de la suspensión. El último documento presentado por India y Sudáfrica en mayo de 2021, ahora junto a los países del grupo africano, Bolivia, Egipto, Eswatini, Fiji, Indonesia, Kenia, el grupo de países menos desarrollados (LDC), Maldivas, Mozambique, Mongolia, Namibia, Pakistán, Vanuatu, Venezuela y Zimbabue, propone que la duración de esta medida sea flexible y práctica, para que resulte factible y viable para los fabricantes de países en desarrollo, teniendo en cuenta la incertidumbre que genera el surgimiento de nuevas variantes y situaciones sanitarias vinculadas a la Covid-19.
Por su parte, la propuesta de la Unión Europea sugiere que sea de tres años, con la posibilidad de extenderlo, si el Consejo General de los ADPIC así lo decide, en caso de que continúe la pandemia, por ejemplo. El problema de esto reside en la necesidad de que el Consejo General sea el que extienda el plazo, teniendo en cuenta la experiencia de los países miembros menos desarrollados que deben pedir reiteradas prórrogas para extender el período de adaptación al acuerdo de los ADPIC, tal como lo indica el artículo 66.1 del tratado. Además, algunos cuestionan que esto puede desmotivar las inversiones en los países en desarrollo.
La parte por el todo
A pesar de que la iniciativa de India y Sudáfrica es apoyada y promovida por más de un centenar de países y cientos de organizaciones de la sociedad civil desde que fue presentada, la propuesta tomó notoriedad pública más masiva luego de que Joe Biden asumiera la presidencia de los Estados Unidos y se declarara a favor de esta medida para las vacunas contra la Covid-19.
Desde el surgimiento de la pandemia, la espera por las inmunizaciones se ha vuelto primordial, ya que estas se presentan como la herramienta más eficaz para ponerle fin. Por eso, tras el anuncio del gobierno norteamericano, en mayo de este año, los medios de todo el mundo replicaron esta noticia y pusieron en agenda la medida, pero refiriéndose únicamente a las vacunas y dejando en segundo plano e incluso fuera de la discusión al resto de los insumos y tecnologías médicas que pueden ser igualmente necesarias para atender a las personas afectadas por el nuevo coronavirus.
“Con esta propuesta, quedó en evidencia que la principal preocupación de Estados Unidos era evitar que el virus ingrese a sus países a través de viajeros que puedan visitar los países menos desarrollados, pero no considera qué pasa con las personas que contraen la enfermedad, que pueden tener dificultades para acceder a una atención adecuada”, advirtió Di Giano.
Desde entonces, los organismos internacionales reforzaron su estrategia de contar con acuerdos con las grandes farmacéuticas para facilitar el acceso a las inmunizaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió con el mecanismo Covax –una iniciativa basada en la donación de vacunas por parte de las empresas, que hasta agosto había recibido 330 millones de dosis de las cuales había entregado 230 millones, y esperaba contar con 1.100 millones más entre septiembre y diciembre de 2021, aunque su objetivo para este año era distribuir casi el doble de dosis, 2 mil millones).
La OMC también impulsó avanzar en base a la buena predisposición de las empresas y propuso lo que denominó la “tercera vía”. Además, en reiteradas oportunidades, su directora general, Ngozi Okonjo-Iweala, responsabilizó a los problemas de logística y las escasas capacidades productivas que hay en los países en desarrollo, así como a la necesidad de establecer acuerdos con los laboratorios capaces de fabricar inmunizaciones en distintas partes del mundo, antes que a las barreras que representa la propiedad intelectual sobre las vacunas.
Por su parte, las grandes empresas farmacéuticas comenzaron a establecer acuerdos de fabricación y/o de licencias voluntarias, mediante las cuales habilitaron a algunos laboratorios de países menos desarrollados a fabricar las inmunizaciones. Es el caso de AstraZeneca con el Instituto Serum de India y con el Centro Biomético Fiocruz de Brasil; y también el del Instituto Gamaleya con el laboratorio privado Richmond de Argentina, y el de Sinovac con el Instituto Butantan de Sao Paulo, en Brasil, entre otros.
Asimismo, en septiembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció la selección de dos centros regionales para el desarrollo y la producción de vacunas ARNm en América Latina. Una fue la empresa biofarmacéutica del sector privado Sinergium Biotech, en Argentina, que prevé asociarse con la compañía de biotecnología mAbxience (perteneciente al mismo grupo) para desarrollar y fabricar los ingredientes activos de la vacuna. El otro, el Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos de la Fundación Oswaldo Cruz (Bio- Manguinhos / FIOCRUZ), en Brasil, que cuenta con una larga trayectoria en la fabricación de vacunas y ha realizado prometedores avances en el desarrollo de una innovadora vacuna de ARNm contra la COVID-19.
“Esto demuestra que las limitaciones no siempre corresponden a la falta de capacidades productivas sino que están directamente vinculadas a cuestiones regulatorias internacionales, por un sistema al que calificamos como ´arquitectura de la impunidad´, ya que está diseñado solamente con la finalidad de garantizar la mayor rentabilidad de las transnacionales y de los poderes concentrados, a costa de la salud y la vida de millones de personas en el mundo”, cuestionó José María Di Bello, Presidente de GEP, y recordó que varios países de la región, incluso, han perdido capacidades productivas a raíz de las imposiciones internacionales.
“Hasta hace unas décadas, Colombia fabricaba más de una decena de vacunas para su población. Sin embargo, hoy ya no se produce ninguna”, lamentó Lorena Di giano, y concluyó: “Las reglas de propiedad intelectual constituyen una barrera para el acceso a la salud y un freno a la innovación en los países en desarrollo. La pandemia ha dejado en evidencia que urge replantear el modelo global, desigual e inequitativo, porque como siempre decimos, la salud no es una mercancía, es un bien público que debería estar garantizado y cubierto para la población global”.
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