Fundación GEP realizó una nueva jornada de actualización y debate sobre acceso a tecnologías médicas y la soberanía sanitaria en un contexto político desafiante

En diciembre de 2013, desde Fundación GEP presentabamos la primera oposición a una solicitud de patente ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). La farmacéutica multinacional Gilead buscaba patentar la combinación Tenofovir + Emtricitabina + Efavirenz, comercializada como Atripla®; un medicamento de uso extendido en el tratamiento del VIH. Haciendo uso de este instrumento legal, desde la Fundación contribuimos a que la solicitud fuese finalmente rechazada por el organismo. De tal modo, se evitó que la compañía pasara a monopolizar la producción y comercialización del medicamento, quedando el mismo en el dominio público. Desde entonces la ecnología puede ser comprada en versiones genéricas a precios asequibles, una
situación que ha permitido al Estado argentino ahorrar más de 172 millones de dólares.A poco de cumplirse una década de aquel hito, y a más de once años de la creación del Programa de Acceso a Medicamentos desde donde se gestó aquella y otras 22 oposiciones, el jueves 26 de octubre tuvo lugar la Jornada de actualización y debate “Soberanía y sustentabilidad en el acceso a tecnologías sanitarias”, organizado por la Fundación GEP. El evento, realizado en modalidad híbrida, remota y presencial, tuvo como fin generar un espacio de formación sobre contenidos y herramientas vinculados al acceso a medicamentos y la propiedad intelectual, así como proporcionar un ámbito de debate en el contexto actual sobre el derecho a la salud y sus desafíos. Dirigido a activistas, académicos y funcionarios, contó con exposiciones a cargo de distintos referentes nacionales e internacionales de la sociedad civil, la comunidad científica y la administración pública.

Luego de la apertura del evento, la Dra. María Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP e integrante de la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos (RedLAM), tomó la palabra para exponer acerca de las barreras de la propiedad intelectual para el acceso a tecnologías sanitarias. Tras hacer un repaso del sistema global de patentes adoptado en el marco de la Organización Mundial del Comercio, reparó especialmente en las consecuencias nocivas que ha producido la concesión de derechos exclusivos en el ámbito de las tecnologías de la salud. “La promesa era estimular la innovación para que, una vez expirada la patente pasado 20 años desde su solicitud, el nuevo conocimiento pasara al dominio público y así aumentar la transferencia de tecnología”, indicó Di Giano. Sin embargo, contrastó, “lo que se ha visto desde su adopción es que no ha habido una genuina innovación y han proliferado prácticas desleales, como el evergreening, que buscan perpetuar el monopolio de las farmacéuticas y los precios excesivos que esa posición les asegura”.

Con posterioridad se desarrolló el panel “Nuevos desafíos y herramientas para enfrentar las barreras de la propiedad intelectual en el acceso a tecnologías
médicas”. El mismo contó con la participación de Mónica Gay, presidenta del INPI; Eduardo Sanchírico, jefe del Departamento de Estudio de Fondo Técnico
Químico ANP del mismo organismo; Francisco Rossi, asesor senior de la fundación colombiana IFARMA y miembro de RedLAM; y Jose Maria Di Bello,
integrante de la Comisión Directiva de Fundación GEP y de RedLAM. La disertación de la Dra. Gay se concentró en remarcar los avances en materia de transparencia, modernización y articulación con otros organismos introducidos durante su gestión. Asimismo, describió los efectos positivos generados por la vigencia de las Guías de Patentabilidad aprobadas a nivel nacional en 2012, las cuales establecen criterios rigurosos para la examen de solicitudes. En ese sentido, sostuvo también que su conveniencia para impedir el patentamiento de tecnologías ya conocidas y reducir la judicialización de las resoluciones ha consolidado a las Guías como política pública: “si se lograron mantener a pesar de los cambios de gobierno, estamos ante una política de Estado”, remarcó la funcionaria.

Por su parte, en su intervención virtual desde Colombia, Rossi hizo una detallada revisión sobre el uso de las licencias obligatorias en Colombia, resaltando el cambio de orientación en favor de la salud pública respecto a la política de patentes ocurrido en el país tras la asunción de Gustavo Petro. Finalmente, José María Di Bello compartió los resultados del informe del Observatorio de Acceso a Medicamentos de Fundación GEP, analizando las políticas públicas implementadas en el área durante el primer semestre de 2023. En ese marco, realizó un balance favorable, destacando particularmente el inédito crecimiento de la inversión en reactivos para VIH, las Hepatitis e ITS, y la disminución del presupuesto destinado a medicamentos, “situación que se logró sin comprometer el acceso a los tratamientos y a la que contribuyó la presentación de oposiciones que permitieron comprar más medicamentos y más baratos”.
La tarde fue escenario del conversatorio sobre “Iniciativas y Desafíos para el acceso a tecnologías sanitarias en el contexto actual”. María Julieta Comín, representante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), abrió su comentario ahondando sobre las distintas propuestas de desarrollo científicotecnológico desde allí gestionadas. “Nosotros tememos decenas de investigadores involucrados en proyectos sobre enfermedades que no son de interés para la industria farmacéutica”, enfatizó la investigadora independiente del CONICET para ilustrar el modo en que el involucramiento estatal permite priorizar la salud pública por sobre el interés de lucro.

En la misma línea, Sonia Tarragona, titular del Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la Nación, enumeró una serie de iniciativas de la cartera para el mejoramiento del acceso a medicamentos, tal como el Fondo de Alto Precio, destinado a asistir financieramente en la adquisición de tecnologías médicas con precios excesivos. Mariana Ceriotto, Directora de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis del mismo ministerio, por su parte se dedicó a señalar algunos desafíos en la agenda de acceso a medicamentos.
Advirtió que una vez superadas las limitaciones que suponen los altos precios que en ocasiones debe afrontar el Estado en la compra de medicamentos, “las barreras más importantes están hoy en el acceso efectivo, lo cual demanda estrategias de implementación y distribución que permitan que la tecnología
llegue a quien la necesita, donde la necesita”.
A estas consideraciones, Director del Instituto Superior de Educación-IOMA, Jorge Rachid, sumó una crítica general al funcionamiento del mercado farmacéutico y subrayó la necesidad de una iniciativa política conducida por el Estado en favor de la salud pública: “no puede haber soberanía sanitaria sin no
hay soberanía nacional”, sentenció el médico sanitarista.
El conversatorio también contó con participaciones de representantes de la comunidad organizada. Federico Villalba, de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), también impugnó la capacidad de la lógica de mercado para dar respuestas sanitarias efectivas, aludiendo en particular al caso de las personas con VIH: “todas las alternativas médicas que aparecen se basan en la cronicidad del tratamiento. Nosotros queremos que se avance en la cura”, demandó. Andrea Rotela, Integrante de ICW Argentina, a su turno celebró los avances suscitados tras la sanción de la ley 27.675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, sancionada el año pasado.

Rescatando especialmente los espacios conquistados para la participación de la sociedad civil y de las personas afectadas expresó: “Hoy nos sentimos parte.
Porque luchamos para una nueva ley, porque formamos parte de una comisión que nos representa. Durante muchos años nos costó mucho que nos escuchen.”
Siguiendo este mismo espíritu, al momento del cierre del evento, José María Di Bello insistió en “la necesidad de profundizar el involucramiento de la comunidad organizada en los procesos de diseño e implementación de políticas públicas”. Sobre ello adicionó algunas consideraciones sobre el panorama político actual, alarmando sobre las propuestas que buscan arremeter contra los derechos reconocidos y manifestando la imposibilidad de mantener la neutralidad ante las elecciones que se avecinan.
La jornada se desarrolló con la participación de referentes y activistas de Argentina y de varios países de Latinoamérica, y se enmarca en las acciones que Fundación GEP lleva adelante en el marco del Programa de Acceso a Medicamentos, desde donde se continuará propiciando espacios de actualización e intercambio con el propósito de fortalecer las capacidades de la comunidad en defensa del derecho a la salud y al acceso a medicamentos.