La pandemia por Coronavirus (COVID-19) está poniendo en evidencia la crisis en la que se encuentran los sistemas de salud  en todo el mundo. El desfinanciamiento de la salud es la moneda corriente, tanto en países pobres, de ingresos medios como en los considerados desarrollados o de renta alta. La mayoría de los países han avanzado en la privatización de sus sistemas de salud delegando en el mercado las priorización de las necesidades sanitarias, lo que en estos momentos está generando un caos de dimensiones nunca vistas.

Sin dudas, la adopción de un sistema mundial de propiedad intelectual en los años ‘90 en el marco de la Organización Mundial del Comercio con la promesa, en materia de salud, de dar impulso a la innovación y el desarrollo de tecnologías, ha fracasado. Lo que abunda, desde la adopción del sistema de patentes, es el abuso por parte de las empresas y el desarrollo de tecnologías a precios inalcanzables para la mayoría de la población. Los medicamentos no deberían ser sólo para lxs ricxs, los medicamentos son bienes sociales, y en ese sentido deberían gozar de protección en los sistemas jurídicos.

“El posible tratamiento para el COVID-19, que pondría fin al aniquilamiento masivo de nuestros mayores, será inaccesible si la arquitectura de la impunidad y el mercado siguen rigiendo la innovación y el desarrollo de las tecnologías médicas. La mercantilización de la salud, que se expresa de manera brutal en el abuso del sistema de patentes por parte de las corporaciones multinacionales, hoy puede dejarnos en el borde del abismo hacia el holocausto mundial de la población adulta mayor y las personas con factores de riesgo, que son, en términos de la concepción neoliberal, las de más alto costo para un Estado que ha elegido regirse por las leyes del mercado”, dijo José María Di Bello, Presidente de Fundación GEP. 

La emergencia de la pandemia nos pone en estado permanente de alerta, mientras que las corporaciones farmacéuticas multinacionales continúan en la búsqueda voraz de incrementar sus ganancias, hacen uso del sistema diseñado para su propio beneficio para generar más monopolios y asi apropiarse de las tecnologías que, en forma urgente, necesita la humanidad para frenar la pandemia. La lucha incansable de las organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo, ha contribuido a demostrar que el otorgamiento de derechos exclusivos sobre las tecnologías médicas no son efectivos ni para dar impulso a la investigación y desarrollo ni mucho menos para garantizar el acceso a medicamentos para la población.

Un ejemplo bien reciente es el pedido realizado por la empresa estadounidense Gilead Sciences a la FDA (Food and Drug Administration de EEUU) para que ésta declare a su desarrollo remdesivir -droga que demuestra ser hasta ahora una de las más promisorias para el tratamiento del COVID-19- como una droga huérfana, a los fines de obtener mayor monopolio y beneficios comerciales.

“A Gilead no le alcanza con las patentes que ya obtuvo en la mayoría de los países sobre remdesivir y por eso avanza, a la vista de todos, con su avaricia, aunque ello implique bloquear el acceso a los que desesperadamente necesitan de una respuesta terapéutica para salvar sus vidas”, dijo Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.

El accionar de Gilead provocó el rápido y unánime rechazo de la sociedad civil. Las críticas y mensajes en las redes sociales fueron contundentes y llevaron a que la empresa desista de utilizar el carácter otorgado por la FDA. Pero ello no termina de solucionar el reclamo de la sociedad que se organiza en torno al pedido de desistimiento de todas las patentes sobre remdesivir que Gilead tiene en el mundo. 

“La pandemia puso en crisis al sistema neoliberal y pone luz sobre un sistema de patentes fracasado y obsoleto como modelo de innovación. Es el responsable de generar sufrimiento masivo y muertes en todo el mundo. La humanidad debe aprovechar la oportunidad y, haciendo uso de las evidencias, retirar a las tecnologías médicas del ámbito comercial de la OMC/ADPIC. Es tiempo que de los Estados asuman su rol clave en materia de salud promoviendo el desarrollo de tecnologías médicas a través de la inversión pública en I+D, realizando esfuerzos para que exista disponibilidad  y acceso para todas las personas que lo necesiten sin importar dónde ni en qué condiciones vivan”, agregó Di Giano.

Fundación GEP hace un llamado al Poder Ejecutivo Nacional argentino a que, en caso de ser necesario garantizar la disponibilidad y el acceso a tecnologías médicas en situación de monopolio por patentes, haga uso del mecanismo instaurado en el artículo 70 de la Ley 27.541 que declara la  Emergencia Sanitaria y del decreto 260/2020 que extiende la emergencia por la pandemia por COVID-19 y emita licencias obligatorias en pos de asegurar el acceso a medicamentos, insumos y demás tecnologías para todas las personas que lo necesiten.

Carta abierta a Gilead sobre la garantía al acceso a Remdesivir

Open Letter to Gilead concerning ensuring access to remdesivir